¿Quiénes son los jueces que anularon el caso Foglocons, empresa vinculada a Álex Saab en Ecuador?

Cuatro fueron los jueces que anularon en Ecuador un proceso que se seguía por presunto lavado de activos contra personeros de Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), empresa vinculada al colombiano Álex Saab, quien fue deportado el 16 de mayo de 2026 desde Venezuela a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por este mismo delito.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció en la Corte el lunes 18 de mayo, involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.

Los negocios de Saab en Ecuador

Para Ecuador no es un personaje desconocido, pues los negocios de Álex Saab enfrentaron procesos por el uso irregular del sistema SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) para lavar dinero mediante exportaciones ficticias de su empresa Foglocons. 

Este mecanismo, creado por los expresidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, permitió el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela sin el uso directo del dólar.

Básicamente, el esquema consistía en recibir pagos a través del sistema SUCRE a cambio de falsas exportaciones. Según las investigaciones de la Fiscalía de Ecuador, la empresa reportó exportaciones por unos USD 160 millones.

Foglocons fue una empresa fundada en Guayaquil, pero no a nombre de Álex Saab, sino de un socio, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investigó esta trama cuando era presidida por Fernando Villavicencio en 2021.

Los jueces que dejaron en la impunidad caso Foglocons

El caso se cayó en Ecuador como producto de las actuaciones de la jueza Madeline Pinargote, así como de Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Manuel Suárez, quienes integraban la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Fue Pinargote quien, el 28 de julio de 2014, tumbó las pesquisas de la Fiscalía y ordenó la devolución de los USD 57 millones a los representantes de Foglocons, quienes eran procesados por lavado de activos. Lo hizo, pese a que se encontraba recusada y estaba inhabilitada para emitir ese tipo de fallos.

Mientras que, casi dos años después, el 4 de septiembre de 2016, el Tribunal Penal de Guayas, en una acción que sorprendió a la Fiscalía, ratificó el auto de nulidad dictado por la jueza Pinargote, a favor de cuatro ejecutivos de Foglocons que eran procesados desde 2013. 

Madeline Pinargote terminó destitituida por la Judicatura y sentenciada a tres años de cárcel por el delito de prevaricato, además del pago de una multa de 10 salarios básicos. En 2022 se ordenó su localización y captura.

Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y el exjuez Johann Marfetán fueron condenados en el caso Purga (trama de delincuencia organizada que operó en la justicia ecuatoriana para garantizar impunidad). Ambos cumplen una condena de 13 años de cárcel desde 2025.

La Fiscalía evidenció que Gallardo y el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, habrían “dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas”.  En cambio, el juez Manuel Suárez murió en 2022.

"Cosa juzgada"

Para la Fiscalía, sin embargo, lo sucedido con Foglocons se trata de una cosa juzgada, como lo señaló la entonces titular del Ministerio Público, Diana Salazar, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el 12 de noviembre de 2021.

“El caso concreto del Fondo Global de Construcciones (Foglocons) adquirió la calidad de cosa juzgada. Es decir, opera el principio constitucional de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa”.

Diana Salazar, exfiscal General del Estado

No obstante, Salazar consideraba en ese entonces que todavía es posible abrir nuevas investigaciones por delitos distintos al de lavado de activos, como enriquecimiento privado injustificado.