Columnista invitado
¿Por qué prevenir el reclutamiento forzado de menores debe ser una prioridad?
Profesor e investigador especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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Las imágenes de niños escondiéndose durante un cruce de balas en Guayaquil estremecen, pero no deberían sorprender. Hasta agosto de 2026, Ecuador registró 430 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, un 9,7 % más que en 2025, el año más violento para este grupo. La paradoja es inquietante: mientras los homicidios disminuyen en el país, las muertes violentas de menores aumentan. Guayaquil concentra el 40 % de estos casos y la mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 17 años.
La respuesta predominante ante la inseguridad ha privilegiado la mano dura, con el riesgo de ver a estos adolescentes más como amenazas que como víctimas. Que más de un tercio de los homicidios analizados estaría relacionado con el microtráfico alimenta esa percepción, pero también revela una dimensión menos visible. Los eslabones más expuestos y reemplazables de las economías criminales suelen asumir los mayores riesgos, mientras quienes organizan y se benefician de estas actividades permanecen alejados de la violencia directa. Los adolescentes captados quedan expuestos a la explotación y a las disputas entre grupos criminales. Ser víctima de reclutamiento y cometer una infracción no son condiciones excluyentes; ninguna exime al Estado de proteger a la niñez y la adolescencia.
La captación puede comenzar entre los nueve y once años, o incluso antes. Inicialmente, los niños, niñas y adolescentes pueden llevar mensajes, vigilar movimientos o cometer robos. Después, pueden participar en la distribución de drogas en entornos escolares, entregar panfletos extorsivos o actuar como ‘campaneros’, alertando sobre la presencia policial o de grupos rivales. Las redes sociales también favorecen el contacto y la interacción mediante chats grupales de WhatsApp y videos de TikTok.
¿Estamos ante un reclutamiento forzado o una decisión voluntaria? La respuesta no admite una división sencilla. Algunos menores sufren amenazas y coerción directa; otros buscan ingresos, protección, reconocimiento o pertenencia. Entre ambos extremos existen situaciones en las que la necesidad económica, el miedo, la presión del entorno y la ausencia de alternativas condicionan sus decisiones. Una elección bajo amenaza o sin opciones reales no puede analizarse como si se produjera en libertad.
La narcocultura también puede favorecer el reclutamiento. La exaltación de la riqueza, el poder y la violencia convierte a integrantes de grupos criminales en referentes de éxito, especialmente donde escasean las oportunidades de movilidad social. Estas organizaciones pueden, además, imponer reglas y resolver disputas en barrios desatendidos por las instituciones públicas. Sin embargo, esa presencia no implica legitimidad ni aceptación: el silencio comunitario también puede responder al miedo. Aunque la narcocultura no tiene una relación directa con el reclutamiento, puede normalizar la violencia y dificultar la construcción de referentes alternativos.
Prevenir el reclutamiento debe ser una prioridad de seguridad y desarrollo porque no se trata únicamente de impedir que los menores cometan delitos. La captación permite a los grupos criminales ampliar sus redes y reemplazar a quienes son detenidos o asesinados, asegurando la continuidad de sus actividades. Al mismo tiempo, interrumpe trayectorias educativas, deteriora los vínculos familiares y comunitarios y expone a una generación a la explotación y la muerte. Cuando estas organizaciones ofrecen ingresos, protección o reconocimiento, al mismo tiempo reflejan la incapacidad institucional para garantizar derechos y perspectivas de futuro.
Por ello, la respuesta no puede limitarse a aprobar leyes que busquen aumentar penas. Es necesario detectar tempranamente los procesos de captación, proteger a las familias amenazadas y fortalecer los sistemas de protección especializada, las escuelas y las redes comunitarias. También se requieren oportunidades educativas, culturales, deportivas y económicas sostenidas en los territorios más afectados. El Estado requiere crear condiciones para que los grupos criminales no sean percibidos como una opción de supervivencia. El Estado debe, además, investigar y sancionar a los adultos que reclutan y explotan a los menores de edad, y desarticular las redes que sostienen estas actividades.
Quienes defienden endurecer las penas para adolescentes argumentan que los grupos criminales los utilizan porque reciben sanciones menos severas que los adultos. Sin embargo, esta lógica confunde el castigo al adolescente con la capacidad de desarticular el mecanismo criminal que lo captó. Aunque permanezca más tiempo privado de libertad, el menor puede ser reemplazado si persisten las condiciones que permiten el reclutamiento. Aumentar las penas tampoco garantiza la disuasión ni evita la reincidencia. La respuesta debe combinar una justicia especializada, sanciones proporcionales y programas efectivos de recuperación física, psicológica y de reinserción social.
El desafío de Ecuador y de América Latina debe pasar de la narrativa de recuperar territorios disputados por grupos criminales a otorgar posibilidades de futuro a una generación amenazada por las armas, la extorsión y el reclutamiento. Una sociedad que se acostumbra a ver niños huyendo de las balas sin preguntarse por qué están expuestos a ellas termina atendiendo las consecuencias sin enfrentar las condiciones que las reproducen.
La pregunta decisiva es cómo construir sociedades en las que los grupos criminales dejen de representar una opción, una imposición o una aparente garantía de supervivencia. Si el reclutamiento no se aborda como un problema de seguridad, protección de derechos y desarrollo, seguiremos reaccionando ante cada tragedia sin impedir que la siguiente ocurra.