La hoja de ruta incompleta de la seguridad en Ecuador

En días recientes, el Gobierno difundió el esperado Plan de Seguridad Integral: una hoja de ruta que busca ordenar prioridades y definir la conducción estratégica del Estado frente a las economías ilícitas y, sobre todo, frente a una violencia que en 2025 dejó, en promedio, una persona asesinada cada hora en Ecuador. Estas cifras no solo reflejan la disputa territorial entre grupos criminales, sino que también evidencian las limitadas capacidades del Estado para contener el problema.

Por ello, el solo hecho de contar con un documento que identifique amenazas y proponga líneas de acción constituye un avance. También lo es, al menos en el papel, la intención de planificar la salida de las Fuerzas Armadas de las prisiones, una medida que se ha extendido más de lo previsto.

Pero el valor de un plan no está en su enunciado, sino en su capacidad de traducirse en decisiones concretas. Y ahí empiezan los problemas.

Leído con detenimiento, el documento carece de algo básico en cualquier política pública: metas verificables, indicadores de seguimiento y una planificación presupuestaria que permita sostener lo que se propone. Puede parecer un detalle técnico, pero no lo es. Sin una línea base clara (el punto de partida) y sin metas cuantificables (el punto de llegada), las instituciones operan por improvisación. No se trata solo de saber qué hacer, sino de demostrar si lo que se hace funcionará con el paso del tiempo.

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Un solo ejemplo basta. El plan identifica la violencia homicida como una de las principales amenazas, pero no establece con claridad qué reducción se espera alcanzar para 2029. Sin ese dato, la discusión pública queda suspendida en el terreno de las intenciones. A esto se suma una señal preocupante: la difusión de planes sin una planeación presupuestaria, dejando la discusión de un asunto “reservado de seguridad nacional”.

Hay, además, una tensión evidente entre el discurso de integralidad y la forma en que se estructura la respuesta. El documento insiste en la idea de un “conflicto armado” y prioriza la neutralización de cabecillas desde un enfoque predominantemente militar. Sin embargo, la evidencia acumulada en América Latina apunta en otra dirección, puesto que las estrategias centradas en la eliminación de líderes suelen fragmentar los grupos y, en muchos casos, intensificar la violencia en el corto y mediano plazo.

Resulta, entonces, contradictorio que, mientras el Gobierno afirma que su enfoque es “atacar las economías criminales”, el plan refuerce instrumentos que históricamente han tenido efectos limitados sobre dichas economías. Golpear las finanzas del crimen (el lavado de activos, las redes logísticas y sus vínculos con la política) requiere capacidades institucionales distintas como inteligencia financiera, coordinación judicial y regulación efectiva. Nada de eso se construye solo con despliegue militar.

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La falta de articulación interinstitucional refuerza esta impresión. Un enfoque integral no se declara; se construye con coordinación real entre ministerios, con roles definidos y mecanismos de cooperación que vayan más allá del mero papel. A esto se suma una participación ciudadana prácticamente inexistente en la formulación del plan. En una democracia, la seguridad no es solo un asunto de fuerza pública; también es un campo en el que la sociedad civil aporta diagnósticos, control y, en muchos casos, soluciones.

A esto debemos agregar el vacío en la política exterior. Enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal o el lavado de activos implica necesariamente una dimensión internacional. No basta con una cooperación internacional basada en ideologías; se requiere una diplomacia activa que defina prioridades, negocie alianzas y fortalezca capacidades propias. Sin ese componente, el riesgo es volver a una lógica conocida, depender de agendas externas que terminan marcando el ritmo de la política interna.

El resultado es un documento que, pese a su ambición declarada, deja más preguntas que respuestas. La falta de metas claras, la insistencia en un enfoque militar y la ausencia de un presupuesto definido dificultan imaginar cómo este plan puede convertirse en una política pública sostenida y transversal que reduzca los niveles de criminalidad para 2029. Más aún cuando introduce categorías ambiguas como “subversión” o “extremismo violento” que, sin delimitaciones precisas, pueden abrir la puerta a interpretaciones amplias y, eventualmente, a la criminalización de la protesta social.

El problema, en el fondo, no es la ausencia de planes. Ecuador ha tenido varios, con diagnósticos similares y promesas de integralidad. El problema es otro; la política de seguridad sigue oscilando entre el anuncio y la urgencia. Y en ese vaivén, lo esencial, como una evaluación rigurosa, la transparencia y el escrutinio ciudadano, vuelve a quedar en segundo plano.

La seguridad no se resuelve con documentos, pero tampoco puede prescindir de ellos. Entre una cosa y la otra hay un espacio más incómodo y decisivo, el de la coherencia. Es ahí donde este plan, por ahora, queda en deuda con la ciudadanía.