En épocas de finados, hablar de la muerte de la política cae como anillo al dedo. Aunque a algunos la sola idea de que la política no exista les genera placer, la realidad es que la convivencia humana sin política de por medio implica una serie de renunciamientos. En primer lugar, hay que aceptar que alguien va a tomar las decisiones relacionadas a lo público y en algunas ocasiones también las que tienen que ver con el fuero privado de las personas. En efecto, alguien, por sí y ante sí, tendrá que definir a quien le corresponde la propiedad de los bienes, cuáles servicios se ofrecen desde el Estado y cuáles no. También será el encargado de establecer el monto de los impuestos y quienes deberán sufragarlos. El destino de lo recaudado no es de incumbencia de las personas pues, sin política, no son ciudadanos sino simplemente vasallos, siervos, o súbditos, para seguir la terminología de Hobbes.

Desde luego, existe la posibilidad de que la persona que tiene que gobernar un país en el que la política ha muerto lo haga con buen criterio y equidad. Hay gobernantes que han tomado decisiones en favor del bien de la mayoría (aunque la definición de qué es la mayoría también les corresponde) y acertadamente han llevado a los pueblos hacia la prosperidad relativa. Es lo que se conoce como despotismo ilustrado. El problema de esa descripción no solo es que se presenta de forma excepcional, sino también que aún los gobernantes que se manejan bajo esos parámetros pueden cambiar la orientación de sus decisiones en cualquier momento. Dado que no hay política, la rendición de cuentas o el equilibrio de poderes son conceptos vaciados de contenido. Con despotismo ilustrado vivimos bien, hasta nuevo aviso.

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De lo dicho se desprende otro de los renunciamientos que conlleva la muerte de la política: el incremento de la incertidumbre en la vida económica. Si las libertades de contratación no son garantizadas por la política entonces la confianza entre oferentes y demandantes va a estar siempre mediada por el ánimo del gobernante en cuanto a lo que él defina que se puede comprar o vender y a quiénes. La muerte de la política conlleva, por tanto, el fin de la economía de mercado. Por donde se lo vea, nunca es buen negocio la muerte de la política pues, aun los que más recursos económicos poseen, en algún momento pueden caer en desgracia.

Como toda muerte, la de la política no siempre llega de forma súbita, sino que en la mayoría de las ocasiones es el punto final de un proceso. Ahí el reto está en detectar la sintomatología. Cuando la gente habla menos de los problemas graves de un país y prefiere dirigir su atención a otros temas, por ejemplo, hay algo que no anda bien. Si los actores políticos declaran a voz en cuello que no lo son, las alarmas deben ser encendidas. Si la opinión pública toma como referentes de análisis a quienes abiertamente denigran la discusión política, entonces un país está en problemas. Cuando se delega la toma de decisiones públicas a delincuentes, los días de la política están contados.

En Ecuador la política está en terapia intensiva, tiene diagnóstico reservado. Cada vez se discute menos sobre los temas que deberían ser de interés de la mayoría y al mismo tiempo se ofrece más espacio en medios de comunicación a quienes, con argumentos peregrinos, buscan ridiculizar la política. Si nos silenciamos, nos jodemos. Más o menos por ahí iría la arenga, hablando en términos simples. Si nos silenciamos, pronto las decisiones sobre lo público no serán sino el resultado de lo que a bien tenga el gobernante de turno. Si nos silenciamos, pronto estaremos viviendo con mayores dudas e incertidumbres que antes porque aun cuando los despotismos son ilustrados, lo que nunca deja de estar presente con la muerte de la política, sea el país que sea, es la sensación de impotencia y temor.