Nuestra vida política está plagada de disposiciones legales que no se cumplen. Aunque algunas de ellas no se materializan por falta de voluntad política de quienes tienen el encargo ciudadano, hay otras que simplemente pasan desapercibidas porque en la práctica son imposibles de ejecutar. Quizás conviene, por tanto, que sinceremos nuestra vida política, eliminemos las normas que pueden aparecer como necesarias para la convivencia ciudadana pero que en la triste realidad son inviables. Este baño de verdad puede ser duro al inicio, pero con el paso del tiempo aprenderemos una de las máximas de la vida política que nuestros legisladores prefieren pasar por alto: no hay que dar a la gente las mejores leyes sino aquellas que se pueden cumplir.

Dejar de lado esa forma de autoengaño que implica asumir que los problemas sociales se resuelven invariablemente con normativa podría ser el primer paso para que mejoremos mínimamente como sociedad. De los cientos de ejemplos de disposiciones que no pasan de estar escritas, tomemos como muestra un par de botones. El primero se refiere a aquella regla que señala la necesidad de realizar elecciones primarias para designar candidatos a cargos de elección popular. Para que esa disposición pueda ser cumplida de forma efectiva se requiere antes la existencia de organizaciones electorales medianamente estructuradas. Si esa condición no existe, mejor sería que asumamos que cada partido o movimiento, acorde a sus intereses y opciones, haga pública la lista de candidatos. Por duro que parezca, actuar así hablaría mejor de todos como sociedad.

Otro ejemplo es la prohibición de campaña anticipada. En el papel, ese conjunto de normas se ve muy bien, pero en los hechos todos sabemos que controlar esos excesos es física y operativamente imposible. Si tenemos elecciones al mismo tiempo en más de doscientos cantones, dar seguimiento real y efectivo seguramente implicaría un gasto superior al que el CNE tiene para su trabajo de un año entero. Si sinceramos nuestra política y eliminamos esa disposición legal, los casos que ahora se denuncian no solo se mantendrán, sino que seguramente se incrementarán en alguna medida, pero no más allá de lo que permita la autorregulación del mercado electoral.

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Desde una perspectiva legalista y formal, el argumento en contra de la propuesta de sincerar la vida política dirá que es mejor tener las disposiciones legales a no tenerlas, a pesar de que no se cumplan. Sin embargo, lo que desde ese razonamiento se deja de lado es que la falta de acatamiento normativo genera incertidumbre entre la ciudadanía y, como consecuencia de ello, dificultades para coordinar decisiones de diversa naturaleza, desde las más elementales hasta aquellas que tienen que ver con grandes negocios económicos o acuerdos políticos nacionales.

Hay que tener claro que es distinta la reacción de cualquier actor social o agente económico ante la ocurrencia de un hecho que no está prohibido expresamente por la ley respecto a la reacción que se da cuando la ocurrencia del hecho debería tener una respuesta estatal, pero esta se da solo de forma selectiva. En el primer caso podría existir inconformidad frente a cómo se presenta la realidad, pero en el segundo lo que se genera es una sensación de riesgo frente a la que acudir a salidas subterráneas, léase corrupción o tráfico de influencias, es una opción.

Los efectos de no sincerar la vida pública no son solo los indicados. Además, cuando la ciudadanía se acostumbra a vivir en medio de normas que no se cumplen le da lo mismo pasar hambre, desatención hospitalaria o inseguridad bajo democracia o dictadura. Ahí está otro de los elementos de juicio que deberíamos tomar en cuenta cuando nos conmocionamos porque el común de los mortales es indiferente a lo que sucede con las libertades civiles y políticas. Dejar de lado el autoengaño de elaborar disposiciones ilusorias podría bloquear, por tanto, la idea de que el autoritarismo es una vía idónea para relacionarnos como sociedad.

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Precisamente por la falta de sinceramiento de la vida política es que, cuando un extranjero quiere conocer en detalle el país, hay que recomendarle que lea la constitución atentamente pues es así, exactamente, como no funcionamos. No hay que dar las mejores leyes sino las que la gente puede cumplir.