La Proforma del Presupuesto 2025 de Ecuador revela un Estado atado de manos: más del 80% del gasto está comprometido en sueldos, deuda y transferencias obligatorias. Mientras tanto, los ingresos proyectados dependen de supuestos difíciles de cumplir.
El peso de la deuda sobre la economía ecuatoriana no disminuirá en los próximos años a menos que se reduzca el déficit fiscal. Mientras el Estado gaste más de lo que recauda, el endeudamiento seguirá creciendo y presionando las finanzas públicas.
Casi la mitad de las viviendas en Ecuador están en déficit: deterioradas, sin servicios o tan precarias que requieren demolición. Detrás de ese dato están seis nudos que frenan el acceso a un hogar digno y hacen que la vivienda siga siendo un lujo para millones de familias.
El país logró en el primer semestre de 2025 su mayor superávit comercial histórico. Las ventas al exterior crecen, llegan a más mercados y suman miles de millones, pero siguen concentradas en un puñado de productos primarios.
En Ecuador, muchos trabajadores se formalizan justo a los 50 años. No es casualidad: el sistema de pensiones del IESS permite jubilarse a los 65 con solo 15 años de aportes. Un estudio del BID muestra cómo este diseño incentiva una estrategia laboral tardía que plantea riesgos para la sostenibilidad y la equidad del sistema.
Durante las últimas dos décadas, el gasto público en Ecuador ha crecido de forma sostenida, en especial en remuneraciones del sector estatal. Sin embargo, este aumento no ha ido de la mano con una mejora proporcional en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
La producción de crudo en Ecuador se desplomó a su nivel más bajo desde que existen registros mensuales comparables, afectando exportaciones, ingresos fiscales y la provisión de derivados. Las causas son estructurales: una red de oleoductos vulnerable y sin soluciones definitivas desde 2020.
Las cooperativas de ahorro y crédito manejan USD 29.467 millones, llegan donde no llega la banca y suman millones de socios. Su crecimiento, sin embargo, se ha vuelto una “amenaza”. Una propuesta legal plantea transformarlas por decreto, bajo el argumento del riesgo sistémico. Pero el verdadero problema no es su tamaño, sino la falta de supervisión.
Más de 30 mil estudiantes participarán este año en las pruebas internacionales PISA y ERCE, lo que representa la evaluación educativa más amplia en la que el país ha tomado parte. Aunque los resultados estarán disponibles recién en 2026, la pregunta es ineludible: ¿en qué condiciones llega el sistema educativo de Ecuador a este examen?
Pese a las reformas e inversiones impulsadas desde la Constitución de 2008, que consagró la salud como un derecho, el sistema público ecuatoriano sigue marcado por la ineficiencia, la escasez de recursos y la corrupción. Diecisiete años después, el país aún busca un modelo de salud que funcione para todos.
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