Sector productivo rechaza sentencia de la Corte Constitucional sobre energía eléctrica

La Cámara de Industrias y Producción y la Cámara de Comercio de Quito, entre otros gremios del sector empresarial, expresaron "su preocupación y rechazo" ante la sentencia de la Corte Constitucional sobre las inversiones en la energía eléctrica de Ecuador.  

La reacción de estos gremios se alinea con la postura del Gobierno en el sentido de que la Corte "volvió a darle la espalda al país al impedir que el Estado concesione a la empresa privada servicios de energía eléctrica".

Aunque la Corte aclaró en un comunicado que mantuvo vigentes la mayoría de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y declaró inconstitucional apenas una de las causales legales en la que se permite delegar actividades al sector privado; la que decía: “cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general”.

"No ayuda al país"

La Cámara de Comercio de Quito aseguró que la resolución genera impedimentos en un momento en que Ecuador requiere soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad y la eficiencia del abastecimiento eléctrico. En esto también coincidió la presidenta de este organismo, Mónica Heller, al considerar que la decisión “no ayuda al país” y que frena los cambios que el Ecuador necesita.

El Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) remarcó en “la importancia de un entorno que promueva la inversión privada, el trabajo conjunto entre lo público y lo privado y decisiones orientadas a garantizar crecimiento, empleo y sostenibilidad económica”.

"Es un retroceso"

Por su parte, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) calificó al accionar de la Corte como “un retroceso que restringe aún más la participación privada en el sector eléctrico”, al tiempo que considera al análisis de la entidad como una “interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad”, limitando la capacidad de reacción del Ejecutivo frente a una necesidad nacional.

A este criterio se sumó la Cámara de Industrias y Producción, al considerar este fallo como “grave para el país”, al poner en riesgo el suministro eléctrico y, consecuentemente, afectando la competitividad en caso del “retorno de los apagones”.

Del mismo modo, la Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla), también aseguró que el impacto de la medida se traslada a la competitividad, la producción y las exportaciones. Para esta asociación, la medida de la Corte debilita la inversión privada en el sector eléctrico y esto a su vez afecta directamente la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad del país para sostener su desarrollo productivo.

"Disminuye claridad normativa"

La Cámara de Comercio de Guayaquil dijo que la sentencia de la Corte "disminuye la claridad normativa que se necesita para la participación privada en el sector energético. Sin embargo, no la prohíbe".  

Ante este escenario, la Cámara propuso una reforma a la Ley de Electricidad para "establecer con claridad los criterios de excepcionalidad para la participación de actores no estatales en el sector eléctrico". Además de enmendar la Constitución a través de la Asamblea Nacional, e impulsar los proyectos que permite la norma vigente hasta que esto ocurra.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones recogió estos comunicados, al señalar que "Ecuador necesita instituciones responsables y diligentes ante las urgencias de la sociedad".

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