"Estamos evaluando todas las opciones disponibles", dice Dundee sobre revocatoria de licencia en Loma Larga
La compañía canadiense Dundee Precious Metals, a cargo de las concesiones del proyecto minero Loma Larga, reaccionó a la revocatoria de la licencia ambiental en Ecuador.

Entrada al proyecto Loma Larga en Azuay, tomada de la página de Dundee el 7 de agosto de 2025.
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La empresa canadiense Dundee Precious Metals, propietaria del proyecto minero Loma Larga, ubicado en las inmediaciones del Área de Recreación Quimsacocha, se pronunció días después de que el Ministerio del Ambiental y Energía revocó la licencia ambiental.
En un comunicado difundido en su página web el lunes 6 de octubre de 2025, la empresa canadiense confirma que recibió la notificación sobre la revocatoria de la licencia del proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay.
"Nos preocupa profundamente la decisión de revocar nuestra licencia ambiental, emitida en junio tras un riguroso proceso por parte del gobierno para garantizar la aplicación de altos estándares ecuatorianos en el desarrollo de Loma Larga", dice una parte del comunicado.
"Estamos evaluando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la opcionalidad para nuestros accionistas", añade la compañía.
Dundee también defiende que los estudios hídricos realizados por expertos independientes, la propia empresa y los organismos reguladores "demuestran consistentemente que el proyecto no tendría un impacto negativo en el suministro de agua".
La empresa Dundee Precipus Metals (DPM), con sede en Canadá, tiene operaciones y proyectos en Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Ecuador. Sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto.
En Ecuador, DPM adquirió el proyecto Loma Larga en 2021, con miras a iniciar la construcción de una mina subterránea, planificada para finales de 2025. Pero la oposición al proyecto Loma Larga provocó, en primer lugar, su suspensión en 2022 por orden judicial.
Y el pasado 4 de octubre, el Gobierno de Ecuador revocó la licencia ambiental que había sido otorgada cuatro meses antes, en medio de las presiones de autoridades de Cuenca y Azuay y tras una multitudinaria marcha llevada a cabo el 16 de septiembre.
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