Así golpean los derrames de petróleo a las comunidades que viven en las riberas de los ríos Napo y Coca

Una cinta amarilla en la que se lee la palabra 'Peligro' ondea sobre el arbusto para alertar a los pobladores que hasta esa pequeña isla, sobre el río Napo, a pocos metros de la comunidad Amaru Mesa, en la provincia amazónica de Orellana, llegó la mancha de petróleo que dejó el último derrame ocurrido el 16 de junio, en el sector El Reventador, en Sucumbíos. 

En los delgados tallos y ramas de las plantas que nacen en esa isla son visibles las manchas negras de crudo, arrastrado por la fuerza del agua desde el río Coca hasta el Napo, alcanzando las tierras de las pequeñas islas que hay en este río. 

No es la primera vez que un derrame petrolero alcanza a las islas o riberas de los ríos Coca y Napo, donde se asientan comunidades kichwas, contaminando el ecosistema de estos territorios y afectando la vida de sus pobladores. 

El 7 de abril de 2020, la erosión regresiva del río Coca en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, provocó el rompimiento de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Poliducto Shushufindi-Quito. 

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Este evento ocasionó el derrame de alrededor de 15.800 barriles de crudo. Según la empresa estatal Petroecuador, 108 comunidades sufrieron daños. Al menos 120.000 personas, entre ellas, 27.000 kichwas resultaron afectadas, según la organización internacional Amazon Frontlines. 

Impacto en los cultivos 

Antes de que ocurriera el derrame, los habitantes de la comunidad kichwa 'Amaru Mesa', cantón Francisco de Orellana, recuerdan que podían cultivar en las riberas u orillas de los ríos porque era la zona más fértil. Los productos que más cosechaban era plátano verde, yuca, cacao y maíz.  

Pero, a raíz de la contaminación, los cultivos comenzaron a dañarse. Eso obligó a las familias a migrar sus sembradíos a las lomas, pese a que son menos productivas, contaron los pobladores el pasado 30 de junio. 

"Esto ha hecho mucho daño a toda la población. Queremos que se haga justicia digna, que se respete el derecho que tenemos como comunidades kichwas a vivir en armonía, antes las familias se dedicaban a a la pesca y al cultivo en las chacras. Todo en la orilla era posible", dice Duber Avilés, socio de la casa comunal de Amaru Mesa. 

De lo que cosechaban en las riberas, las familias destinaban una parte al consumo propio y otra a la venta. Pero, la agricultura se ha visto cada vez más reducida en Amaru Mesa, donde habitan cerca de 500 personas. Ahora, muchos padres de familia se han visto obligados a salir a trabajar a la ciudad de Coca en construcción, mecánica u otros oficios para conseguir el sustento. 

Contaminación del agua

Producto del derrame de abril de 2020 y otros que siguieron, los habitantes también se han visto impedidos de continuar usando el agua del río Napo para sus necesidades básicas, por los riesgos de contaminación y daños en su salud. Ahora, recurren el agua de lluvia o de los esteros. 

"Utilizábamos el agua del río para bañarnos, para lavar la ropa. Ahora nos da temor meternos al agua porque se puede coger cualquier enfermedad. Nos toca enseñar a nuestros hijos que ya no se pueden bañar en el río, pero a veces se meten y les salen granos en la piel", cuenta Elsa Shiguango. 

La pesca también es una actividad que han dejado atrás, debido a la escasez de peces, por la contaminación de los ríos, asegura Avilés. 

En la comunidad kichwa Sardinas, en la provincia de Orellana, también afectada por los derrames, intentan levantar los cultivos en las lomas con el uso de fertilizantes. Sin embargo, esto ha representado un costo importante para los comuneros.  

"Cada cuatro meses, hay que gastar entre USD 200 y 300 por hectárea. En las islas, no teníamos que aplicar nada", dice Juan Licuy, habitante de esa comuna, mientras participaba de una protesta frente al Complejo Judicial Francisco de Orellana, el 30 de junio, por los derrames petroleros en la Amazonía. 

Cinco años de espera 

El 29 de abril de 2020, organizaciones indígenas, religiosas y sociales, y defensores de derechos humanos, interpusieron una acción de protección para solicitar la atención urgente de la autoridades a las comunidades afectadas por el derrame ocurrido semanas atrás. 

Las entidades demandadas fueron el Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General del Estado, Petroecuador y la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

En septiembre de 2020 y marzo de 2021, dos jueces de Orellana rechazaron en primera y segunda instancia la acción de protección. Ante la negativa, los demandantes decidieron acudir a la Corte Constitucional ese mismo año. 

Y en noviembre de 2024, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que determina que hubo vulneración al debido proceso, ordena dejar sin efecto las dos sentencias anteriores y solicita que otro juez de la Unidad Multicompetente de Francisco de Orellana resuelva la acción de protección.

Antes de proceder con la audiencia, el 8 de abril de 2025, el juez Clemente Paz ordenó realizar un diálogo intercultural. Sin embargo, este diálogo aún no se ha concretado porque la fecha inicial fue postergada para el 25 de julio. 

Además, la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) ha solicitado que el diálogo se lleve a cabo en sus territorios con el fin de que el Juez las afectaciones que ha dejado el derrame. Pero, Paz negó esa solicitud.

Decenas de kichwas protestaron el 30 de junio frente al Complejo Judicial Francisco de Orellana, en la ciudad de Coca, con la intención de que el Juez rectifique en su decisión y acuda hasta la comunidad Amaru Mesa para celebrar allí el diálogo. 

El presidente de la Fcunae, Luis Andi, hizo entrega de un documento en el Complejo Judicial con la invitación a las autoridades judiciales. Además, representantes de las comunidades entregaron botellas  con agua de río contaminada, como prueba de los daños. 

Remediación y acciones sociales

PRIMICIAS consultó el 2 de julio, vía correo, a Petroecuador y el Ministerio de Energía sobre las acciones de remediación ambiental y medidas de compensación para las comunidades afectadas que se llevaron a cabo tras el derrame de abril de 2020 y, otros, que según los poblados también los afectaron. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta. 

De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Energía en su página web, desde el 10 de abril de 2020, tres días después del derrame, Petroecuador y la compañía OCP iniciaron la entrega de agua potable a a 3.719 familias, de 42 comunidades asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo. 

Al cumplirse un año del derrame, Petroecuador hizo un balance de las acciones realizadas, asegurando que se había atendido a 108 comunidades, con la entrega de 1,7 millones de litros de agua,  6.464 tanques para almacenamiento de agua y 26.532 kits de alimentación. Además, 5.211 personas fueron atendidas en brigadas médicas. 

Según la empresa pública, el 14 de abril de 2020 se iniciaron las tareas de remediación ambiental, bajo la supervisión constante del Ministerio del Ambiente. "Se han realizado monitoreos constantes de suelo y agua", aseguró la compañía. 

A abril de 2021, Petroecuador y OCP habían invertido USD 35 millones en labores sociales y de remediación ambiental, según el balance de la petrolera estatal.