Cooperativas presentan demanda de inconstitucionalidad a la Ley que les obligaría a convertirse en bancos

La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) informó este 23 de julio de 2025 que presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de una de las disposiciones de la nueva Ley Integridad Pública, que ya cuenta con un reglamento.

La ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025, propone que algunas cooperativas se transformen en bancos privados. ¿El argumento?

En la disposición transitoria décima primera de la nueva ley, se establece que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá tres meses para emitir regulaciones que permitan identificar a las cooperativas que deben transformarse en bancos, previa realización de un análisis de interconexión y riesgo sistémico.

“Con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera", dice el texto.

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¿Cuándo pasarían a ser bancos?

El plazo comienza a contar desde que se instale esa nueva junta, que también crea la Ley.

Según André Benavides, abogado de Asofipse, el 26 o 27 de julio de 2025 se cumple el plazo para mandar la terna para nombrar a los miembros de la nueva Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, que tendrá tres meses para determinar qué cooperativas pasarán a ser bancos.

De ahí que, dijo Benavides, recién en diciembre de 2025 el sector conocería qué cooperativas cambiarán de figura legal.

El abogado además informó que, con este recurso, el gremio pide a la Corte Constitucional, como medida cautelar, suspenda esa disposición transitoria.

Benavides aclaró que las cooperativas no se oponen a toda la ley, “pues tiene importantes medidas relacionadas con la seguridad del país”. Añadió que la demanda solo busca que se retire esa disposición sobre las cooperativas se retire de la ley.

Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de Asofipse, explica que el gremio ha solicitado ya reuniones con el presidente Daniel Noboa, pero no han tenido respuestas.

Por ahora no se conoce qué requisitos o qué pasos tendrían que cumplir las cooperativas que pasarían a convertirse en bancos, así como tampoco se conoce qué sanciones habría para las entidades que se resistan a hacerlo, dijo Guerra.

Y añadió que desde que se conoció la medida, ha habido una fuerte unidad entre las entidades y sus asambleas, en donde han trabajado sobre todo en la difusión del contenido de la ley, los riesgos y las implicaciones de esta entre los millones de socios.

Además, Guerra dijo que, aunque el sector está preocupado por la medida impuesta en la ley, no ha habido pánico ni fuga de recursos ni afectación en los indicadores de las entidades.

¿Qué plantean las cooperativas?

Guerra explicó que con esta disposición se pretende convertir a sociedades de personas en sociedades de capital, "sustituyendo los principios cooperativos por reglas del mercado financiero tradicional, arriesgando la esencia del modelo cooperativo, que desde las personas nace para crear bienestar, inclusión y desarrollo local".

"No se puede obligar a los más de seis millones de socios que eligieron ser parte del sistema popular y solidario, a pasar a un sistema al que no quieren pertenecer. Bajo la misma lógica podrían mañana obligar a un banco a ser cooperativas", añadió Guerra.

El vocero de Asofipse también dijo que cuando se obliga a una cooperativa a transformarse en banco, se destruyen varios pilares fundamentales, entre ellos la democracia participativa, en donde cada socio tiene el mismo valor sin importar su capital .

En su planteamiento ante la Corte, Asofipse dice que la disposición viola la Constitución, que en sus artículos 308, 309 y 311 garantiza la existencia de un sistema financiero, popular y solidario, con identidad propia y normas específicas. 

Y que quebranta la Constitución en su artículo 321, que determina que el Estado debe garantizar la propiedad cooperativa como forma legítima de organización económica y social, por lo que no puede contrariar la mediante disposiciones transitorias o reformas que limiten su autonomía, su crecimiento o su acceso al desarrollo.