Proyecto de ley plantea sustituir la licencia ambiental por una autorización para proyectos mineros

El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó ante la Asamblea Nacional este 28 de enero el Proyecto de Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado como económico urgente. 

Una de las reformas fundamentales a la Ley de Minería, vigente desde 2009, es la sustitución de la "licencia ambiental" por una "autorización ambiental" que deberá otorgar el Ministerio de Ambiente, para la ejecución de actividades mineras, de conformidad con régimen y la fase del proyecto. 

Según el proyecto, la reforma propuesta al artículo 26 de la Ley de Minería se fundamenta en la "necesidad urgente de agilizar los procedimientos administrativos previos a la ejecución de actividades mineras". 

Adicionalmente, dice que "elimina cuellos de botella regulatorios que actualmente retrasan la inversión, incrementan los costos de transacción y postergan la generación de ingresos fiscales, en un contexto de restricción presupuestaria y brecha fiscal del Estado". 

De acuerdo con la justificación económica de la ley, "la exigencia de instrumentos ambientales de alta complejidad para la etapa de exploración constituye un obstáculo desproporcionado, que genera demoras injustificadas, duplicidad de trámites y altos costos regulatorios". 

El proyecto asegura que la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental "no implica una reducción de los estándares de protección ambiental, sino una adecuación técnica del control administrativo al nivel real de riesgo".

Simplificación de la etapa de exploración

Por otro lado, la propuesta legal plantea simplificar la etapa de exploración, para la cual se otorgaría un plazo total de 15 años. 

Actualmente, esta etapa se divide en inicial (por cuatro años), avanzada (cuatro años) y el período de evaluación económica (dos años, con posibilidad de extensión a dos años más). Aunque se mantendrían esas fases, el titular minero ya no requeriría de una autorización previa para cambiar de una a otra.  

"La transición entre subfases se producirá por el transcurso del tiempo y el cumplimiento del plazo establecido para cada una, sin necesidad de autorización previa, debiendo cumplirse, durante esta fase de exploración, los parámetros técnicos y ambientales aplicables, conforme a la normativa vigente", explica el proyecto.

Para la exploración inicial se concedería una duración de hasta cuatro años. Mientras tanto, la exploración avanzada y evaluación económica tendrían una duración conjunta de hasta once años. 

El proyecto justifica que "la exigencia de autorizaciones sucesivas, que no responden a variaciones sustanciales en el nivel de riesgo, introduce interrupciones administrativas que afectan la planificación técnica y financiera de los proyectos".

Y recalca que estos cambios permitirán "optimizar recursos institucionales y acelerar el tránsito hacia fases productivas, sin menoscabo del control estatal ni de la protección ambiental".