En medio de los récords de precios del oro y el cobre, Gobierno hace cambios clave para la minería en Ecuador

El decreto establece una fórmula de cálculo específica de regalías para cada tipo de minería; según el régimen (pequeña, mediana y grande) y el tipo de metal. Este cálculo no se había fijado en el reglamento, como disponía la Ley de Minería, por lo que existía un vacío legal.

De ahí que las regalías se solían definir cuando se negociaba el contrato de explotación entre el Estado y la empresa concesionaria.

Otro cambio es que antes, para fijar las regalías se tomaba en cuenta el ingreso neto efectivo percibido por los concesionarios mineros.

Y esto se lograba descontando del ingreso bruto los gastos incurridos en las fases de beneficio, refinación y transporte para la pequeña y mediana minería. 

En cambio, para la minería a gran escala se descontaban los gastos incurridos en los procesos de refinación y transporte.

Ahora, el reglamento dice que en el caso de la minería de oro y plata, la regalía se calculará sobre los ingresos brutos; es decir, ya no se pueden descontar gastos. 

Esto implicará que los concesionarios pagarán más regalías porque la base imponible del cálculo será mayor, dice  el abogado especialista en minería, Stevie Gamboa. 

Sin embargo, en este momento en el que los metales como el oro y el cobre tienen precios récord esto no sería un problema para las empresas, añade.

Y en el caso de otros metales, como el cobre, el cálculo dependerá del tamaño del proyecto. Si es un proyecto de pequeña y mediana minería, la regalía se calculará sobre el ingreso neto, descontando los gastos por los procesos de beneficio, refinación y transporte.

Pero si se trata de minería a gran escala de cobre, se podrá descontar gastos por refinación y transporte.

Antes, las empresas que poseían títulos mineros para explorar o explotar concesiones podían ceder o transferir ese derecho a otras empresas. Pero no había la posibilidad de ceder o traspasar solo una parte de la concesión, debía ser toda el área, explica Gamboa.

Las áreas de concesiones mineras a gran escala en Ecuador son gigantescas. En promedio, el área de concesión para minería a gran escala es de 5.000 hectáreas; esto es una superficie similar a la del cantón Durán, en Guayas, o a la zona de Cumbayá, en Quito.

Y para las empresas mineras resultaba complejo no poder ceder o transferir partes de las concesiones a otras empresas interesadas.

El decreto ahora permite que una empresa ceda o traspase un porcentaje de concesión minera a otra, lo que permitirá dinamizar la inversión en el sector, añade Gamboa.

"Ahora varias empresas se podrán asociar y trabajar en una misma concesión", dice Gamboa.

Un cambio importante es que ahora las empresas mineras que tengan el problema de invasión de minería ilegal en sus concesiones podrán pedir amparos administrativos con más facilidad, destaca el abogado minero Andrés Ycaza.

El amparo administrativo es el que permite a las empresas pedir a las autoridades el desalojo de los mineros ilegales, explica.

Sin embargo, el problema era que el reglamento de la Ley de Minería decía que para solicitar el amparo administrativo, la empresa debía informar "la relación circunstanciada de los hechos con la indicación de los nombres y apellidos de las personas causantes de la invasión, despojo u otra forma de perturbación". 

Y hacer esto resultaba imposible para las empresas mineras. "Significaba que debíamos acercarnos a los mineros ilegales, que están armados muchas veces y ligados a grupos delictivos, a pedirles los nombres completos para denunciarlos", dice Ycaza.

Ahora, el decreto eliminó ese requisito.

Un cambio que preocupa al sector es que el Ministerio de Energía y Minas podrá, en cualquier etapa del proceso de negociación precontractual, disponer la "revisión, modificación o renegociación de los términos, condiciones y cláusulas previamente acordadas, cuando lo estime necesario para precautelar los intereses del Estado".

Gamboa explica que esta medida es un nuevo factor que siembra inseguridad jurídica en el sector minero. "Esto contradice el principio del contrato como tal, que tiene plazos, vigencia y condiciones. Ahora parecería que cualquier condición acordada podrá cambiar en cualquier momento", añade.

El decreto menciona que los concesionarios mineros, como requisito habilitante previo a la comercialización de minerales, deberán realizar un registro obligatorio en la Unidad de Análisis Financiero y Económico- UAFE. Sin el registro no se podrá realizar actividades de comercialización de minerales.      

Para el registro, los interesados deben acreditar un patrimonio de al menos USD 400.000 para empresas y USD 250.000 para personas naturales.

Gamboa dice que le llama la atención que el decreto menciona que el Estado podrá declarar "extinta de pleno derecho" una concesión minera.

¿Las razones? Esto podría ocurrir cuando transcurridos cuatro años desde el registro o entrega del título minero de la concesión, la empresa no haya obtenido los permisos que requiere para comenzar con la actividad. Incluso la extinción podría darse si la empresa no ha presentado documentación requerido por la autoridad. 

Gamboa dice que esto es preocupante porque se le quita a la empresa el derecho a defenderse y dar explicaciones de por qué no ha podido cumplir los trámites en el plazo de cuatro años.

Y esto es necesario en un país como Ecuador, en donde los trámites mineros se suelen retrasar por problemas como la oposición de grupos ambientalistas y sociales, la lentitud de los procesos en entidades públicas y cambios de autoridades, la minería ilegal, entre otros, añade Gamboa.

En 2025, el Gobierno ya había advertido que retiraría las concesiones a grandes mineras que no hayan cumplido con las inversiones prometidas.