1.244 servidores públicos despedidos no podrán volver a sus puestos; fallo de la Corte no es retroactivo

Desde el 28 de julio, el Gobierno de Daniel Noboa ha despedido a 1.244 servidores públicos con nombramiento permanente, mediante supresión de puestos, con base en una norma laboral emitida en cumplimiento a la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional el 26 de septiembre. 

Estas desvinculaciones le costaron al Estado USD 25 millones en indemnizaciones, de acuerdo con un documento entregado por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez a PRIMICIAS. 

La norma técnica para la supresión de puestos fue emitida por el Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución 032, y publicada en el Registro Oficial el 24 de julio, horas antes de que la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunciara en cadena nacional que se preveía desvincular a 5.000 funcionarios mediante supresión de partidas. 

Esa norma laboral fue emitida en cumplimiento a la Ley de Integridad Pública y su Reglamento, que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, por lo que en consecuencia también queda derogada. 

• Esto dice la nueva norma para la supresión de puestos en el sector público, emitida por el Ministerio del Trabajo

Pero, la sentencia de la Corte sobre la Ley de Integridad no tiene efecto retroactivo sobre temas laborales. "Lo que se hizo, ahí murió; no se puede volver a hacer", dice la titular de Trabajo a PRIMICIAS. Eso implica, que los 1.244 funcionarios despedidos no podrán retornar a sus puestos.  

Adicionalmente, Núñez aclara que la supresión de puestos está establecida en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que no fue reformado con la Ley de Integridad. 

Por tanto, lo que quedó sin efecto es la norma técnica que establecía "los fundamentos para la supresión de puestos", aclara Núñez. Con ello, "volvemos al artículo anterior", añade.