Preocupa negativa al diálogo sobre tasa minera por parte del Gobierno, dicen mineras

Las declaraciones emitidas por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, el 16 de junio, en las que aseguró que la nueva tasa minera "está en firme" y no negociará su implementación, causó preocupación en el gremio minero. 

"Yo no estoy ni para negociar ni para dilatar un proceso que es necesario, esta es una tasa que requiere la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Cada día, nosotros estamos en deuda con estar atrás de la minería ilegal. Necesitamos los recursos económicos y la tasa es una contraprestación de un servicio que vamos a dar", señaló Manzano en una rueda de prensa en Quito. 

Para la Cámara de Minería del Ecuador (CME), con esas declaraciones, la titular del Ministerio de Energía y Minas negó la posibilidad de diálogo sobre la Tasa de Supervisión y Control.

"Esta posición contrasta con los acuerdos alcanzados en la reunión sostenida el 12 de junio con el Viceministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en la que se estableció el compromiso de instalar mesas de trabajo para revisar de forma conjunta y técnica dicha medida", señalÓ la Cámara en un comunicado, este 17 de junio de 2025. 

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El viceministro de Minas, Javier Subía, aclaró el 16 de junio que, si bien no se está negociando, sí se abrió un proceso de diálogo con el sector, tras un pedido de suspensión de la tasa que envío la Cámara a autoridades del Gobierno. "En este momento no ha habido ninguna decisión", señaló el Viceministro. 

Las empresas de mediana y gran minería tienen hasta el 1 de julio de 2025 para realizar el pago de la tasa correspondiente a este año. La pequeña minería y otros regímenes podrán hacerlo hasta finales de año. Solo la minería artesanal quedó exenta del pago. 

El gremio minero reiteró que "la aplicación inmediata de esta tasa, sin el análisis técnico acordado, pone en riesgo la viabilidad de los proyectos formales", en especial, los que se encuentran en etapa de exploración, lo que compromete la seguridad jurídica del país. Y añadió que la aplicación de esta medida genera incertidumbre para la inversión. 

"Confiamos en que se respete el proceso iniciado y nos mantenemos a la expectativa de que se instalen las mesas técnicas acordadas, como un espacio indispensable para revisar esta medida con criterios de proporcionalidad, viabilidad y responsabilidad social", recalcó la CME.