La venta de Telefónica a Millicom en Ecuador solo se concretará si el Estado renueva su concesión
Según la última prórroga otorgada al contrato de Telefónica Ecuador, el Estado y la empresa de telefonía móvil tienen hasta el 15 de julio para cerrar la negociación sobre la nueva concesión.

Fachada del edificio de Telefónica Movistar en Quito.
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La renovación de la concesión del servicio de telefonía móvil a Otecel, filial de la multinacional española Telefónica en Ecuador, es una de las condiciones de "cierre" para la venta de sus operaciones en Ecuador, incluidas sus marcas Movistar y Tuenti, a la compañía Millicom, conoció PRIMICIAS.
Telefónica Hispam, el holding que agrupa las operaciones de Telefónica en América Latina, anunció el 13 de junio que alcanzó un acuerdo con Milicom Spain para la venta de Otecel (Telefónica Ecuador). La transacción está valorada en USD 380 millones.
Millicom Spain es filial de la multinacional Millicom, con sede principal en Luxemburgo, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y es uno de los principales proveedores de servicios de telefonía fija y móvil en América Latina. Su principal marca de telefonía móvil es Tigo, que tiene presencia en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Honduras.
"El cierre de la transacción está sujeto también a determinadas condiciones de cierre, incluyendo la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias", dice el comunicado enviado por Telefónica a sus inversionistas en el mercado de valores de España.
PRIMICIAS conoció que una de esas "condiciones de cierre" para que se concrete la venta es que Telefónica finalmente cierre la negociación con el Estado ecuatoriano para la renovación de la concesión del servicio de telefonía móvil por 15 años más.
Telefónica es actualmente el segundo operador móvil del país, con una participación de mercado cercana al 28% y una base de aproximadamente 5 millones de clientes al cierre de marzo de 2025.
¿Qué ha pasado con la negociación?
El 13 de diciembre de 2022, el Estado y las operadoras móviles privadas, Telefónica y Claro, se sentaron por primera vez a negociar la renovación de la contratos de concesión del servicio móvil avanzado por 15 años más.
Estas reuniones debían durar 120 días, como parte de un proceso de negociación que, en todas sus fases, preveía un plazo de dos años, tiempo que empezó a correr en agosto de 2021, con la disposición del inicio de las negociaciones para las dos operadoras: Otecel (Telefónica) y el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), filial de la multinacional mexicana Claro.
Es decir, de acuerdo con los plazos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), los dos años debieron cumplirse en agosto de 2023. Pero, a la fecha, las negociaciones ya llevan casi dos años de retraso.
Lo anterior debido a que el proceso de negociación ha sido suspendido en reiteradas ocasiones, lo que ha obligado al Estado a otorgar prórrogas del contrato actual a Telefónica, que vencía el 30 de noviembre de 2023. Al momento, la empresa está operando en Ecuador con la séptima prórroga a su contrato, otorgada el pasado 15 de mayo.
Según la Resolución Arcotel-2025-0079, el plazo de vencimiento de esta extensión es el próximo 15 de julio, es decir, hasta fecha debería firmarse el próximo contrato para la renovación de la concesión.
En el caso de Claro, en agosto de 2023, se otorgó una prórroga indefinida hasta que culmine la renegociación con el Estado para una nueva concesión. El contrato por 15 años a Claro vencía el 26 de agosto de 2023.
Por la última prórroga de 60 días, Otecel debía cancelar de manera provisional USD 4 millones al Estado. En las extensiones previas llegó a cancelar entre USD 1 millones y 2 millones por mes.
Según el documento de la Arcotel, las renegociaciones no han logrado cerrado por la falta del pronunciamiento del Ministerio de Finanzas sobre el Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales y el Dictamen Favorable de Impacto Fiscal; es decir, documentos con los que el Gobierno daría el visto bueno a los montos que pagarán las operadores por la nueva concesión.
En caso de no llegar a un acuerdo hasta el 15 de julio, la operadora móvil y el Estado podrían acordar nuevamente una prórroga al contrato.
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