Comunidades waorani rechazan posible apertura de ronda petrolera en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana

Tras tres días de caminata desde los cantones Puyo y Arajuno, en la provincia amazónica de Pastaza, decenas de indígenas waorani llegaron este 13 de mayo a Quito, para presentar un documento a la Corte Constitucional con el que exigen que se garantice su derecho y el de otras comunidades indígenas a decidir sobre su territorio, ante las intenciones del Gobierno de ampliar la explotación petrolera. 

Una delegación de autoridades waorani, 'pikenanis' (ancianos, sabios guerreros) e integrantes de comunidades indígenas representados por la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) se concentraron en el Parque El Arbolito, en el centro de Quito, cerca de las 9:00, para marchar hasta la sede de la Corte Constitucional. 

"Venimos caminando desde muy lejos, hemos caminado tres días para llegar acá, para exigir a la Corte que respete nuestros derechos, que escuche las voces de nuestras autoridades, tenemos nuestra propia forma de Gobierno. Los waorani somos orales, queremos que la Corte vaya al territorio waorani, que escuche la vivencia, muchas veces hemos corrido riesgo por el extractivismo", dijo Luis Enqueri, presidente de OWAP a las puertas de la Corte. 

Alrededor de las 10:20, ingresó un grupo waorani a la Corte para hacer entrega de la carta, firmada por más de 80 organizaciones y activistas ambientales y por los derechos de los pueblos indígenas, tanto nacionales como internacionales. Entre los firmantes hay 24 celebridades del espectáculo como Jane Fonda, Mark Ruffalo, Cate Blanchet, Emma Thompson y Lupita Nyongo. 

En la carta, los waorani, junto a los firmantes, solicitan al juez de la Corte Constitucional, Richard Ortiz, que priorice la causa 1296-19-JP de las comunidades waorani de Pastaza y que siente jurisprudencia nacional sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. 

"A la luz de la inminente subasta petrolera, debe ser priorizado. Cada día de retraso debilita el estado de derecho y aumenta las amenazas a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, la autodeterminación y la propia selva amazónica", señala el documento. 

• Producción petrolera de Ecuador cierra 2024 con la peor cifra en cuatro años, ¿qué esperar en 2025?

Dentro del portafolio de proyectados para reactivar al sector petrolero, presentado por el Gobierno de Daniel Noboa a inversionistas en enero de 2025, se incluye una ronda de licitación de bloques petroleros en el suroriente, lo que incluiría Pastaza, una provincia en la que actualmente no hay actividad de extracción de crudo. El proyecto contemplaría una inversión de USD 20.000 millones. 

Antecedentes

En 2019, la Corte Provincial de Pastaza aceptó en segunda instancia una acción de protección de 16 comunidades waorani contra el Estado ecuatoriano por la violación de derechos a la autodeterminación; consulta previa, libre e informada; y de la naturaleza. 

Con esto se impidió la licitación, exploración y explotación petrolera del bloque 22. Esta sentencia representó una victoria histórica para el pueblo indígena waorani. 

Este caso fue llevado a la Corte Constitucional el 13 de agosto de 2019, donde fue seleccionada para revisión el 18 de mayo de 2020, "por considerarlo de importancia nacional para la generación de jurisprudencia vinculante", recuerda la carta entregada por los waorani a la Corte. 

Sin embargo, la causa 1296-JP-19, a cargo del Juez Richard Ortiz, no recibió notificación de seguimiento hasta el 13 de enero de 2025, cuando la Corte notificó que asumiría el caso para crear estándares obligatorios sobre el consentimiento previo y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

"Al comienzo nos generó mucha alegría, pero luego mucha preocupación, porque al mismo tiempo el Gobierno de Noboa estaba diciendo que iba a ampliar la frontera extractiva en el suroriente. Nos preocupa que la Corte, lejos de sacar una sentencia que proteja a waorani, saque una sentencia regresiva que sacrifique el territorio de al menos siete nacionalidades indígenas", comenta María Espinosa, abogada del pueblo waorani de Pastaza y miembro de la organización Amazon Frontlines, defensora de los derechos de pueblos indígenas en la Amazonía. 

Espinosa añadió que esperan que la apertura de esta causa no esté vinculada con los planes del Gobierno y que, por el contrario, se busque "blindar el derecho al consentimiento, proteger a los waorani y a la Amazonía".