"Están condenados a la cárcel, no a morir", familias de presos de la Penitenciaría del Litoral marchan en Guayaquil
La movilización se realizó en medio de denuncias por desnutrición, casos de tuberculosis y la suspensión de una visita judicial ordenada para constatar la situación sanitaria dentro del centro carcelario más grande de Ecuador.

Familiares de presos realizaron un plantón en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el 5 de febrero de 2026.
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César Muñoz/API
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El jueves 5 de febrero de 2026 familiares de personas privadas de libertad se concentraron en Guayaquil para exigir atención médica, alimentación y respeto a los derechos humanos de los internos de la Penitenciaría del Litoral, el centro carcelario más grande de Ecuador
La movilización partió desde el Terminal Terrestre de Pascuales y avanzó por poco más de dos kilómetros hasta los exteriores del complejo penitenciario, en el norte de la ciudad, donde los manifestantes realizaron un plantón con consignas y pancartas.
La protesta se dio luego de que se suspendiera una visita prevista para el 29 de enero de 2026, dispuesta por un juez y coordinada por una mesa técnica liderada por la Defensoría del Pueblo, en medio de denuncias de contagios de tuberculosis, desnutrición crónica y fallecimientos dentro de la cárcel.

Familias denuncian hambre, enfermedades y maltrato
“Ellos han cometido errores, sí, pero no son animales. Son seres humanos y necesitan alimentación, medicina y atención médica”, reclamó Josefina C., madre de un recluso, quien aseguró que los internos “no reciben comida, ni medicina. Están enfermos y los maltratan”.
Según los testimonios recogidos durante la protesta, los familiares denuncian que los privados de libertad sufren enfermedades como tuberculosis, sarna, infecciones estomacales y cuadros severos de desnutrición.
“Están llenos de granos, están enfermos, y aun así los golpean. No están condenados a muerte”, reclamaron.
Presuntos cobros y restricciones dentro del sistema penitenciario
Las denuncias también apuntan a presuntos cobros irregulares dentro del sistema penitenciario. Carmen T., madre de un exinterno, relató que durante el tiempo que su hijo permaneció recluido tuvo que pagar sumas de dinero para llamadas, alimentos y gestiones internas.
“USD 10 por una llamada. Una simple galleta con una cola cuesta. No hay limpieza, no hay comida. Se están muriendo ahí adentro”.
Carmen T., madre de un exinterno
Otra de las manifestantes, Lucía H., dijo llevar tres años reclamando por la situación de su hijo, a quien no ve desde hace más de un año. “Nos humillan por ser familiares de privados de libertad. Mi hijo me llama a pedirme comida. Un combo de galletas y cola cuesta USD 26. Eso no es justo”, señaló.
“Si el Gobierno no quiere hacerse cargo de los privados de libertad, que nos permitan a los familiares ingresar medicinas y ropa, como antes se hacía”.
Lucía H., madre de un interno
Comité de familiares alertan de muertes y desnutrición
Desde el 'Comité de familiares por una vida digna', Jorge F. aseguró que la suspensión de la visita judicial, que debía liderar la Defensoría del Pueblo, responde a la gravedad de la situación interna.
"Dijeron que postergaban la visita para la próxima semana y que después nos avisaban nueva fecha. ¿Por qué no nos permiten ingresar allá? Porque saben lo que están pasando y lo que vamos a encontrar".
Jorge F., miembro del 'Comité de familiares por una vida digna'
Según información recopilada por los familiares, a inicios de 2026 se registrarían más de 150 fallecimientos dentro del sistema penitenciario, muchos de ellos asociados a desnutrición crónica, tuberculosis, anemia e infecciones gastrointestinales. “Se mueren de hambre, se mueren de enfermedades. No hay atención médica”, aseguró.
La visita suspendida había sido dispuesta tras la confirmación de un contagio fuera del sistema penitenciario y en medio de una crisis que, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, provocó cerca de 1.000 muertes por enfermedades y desnutrición crónica en 2025.
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