Contratista demanda a Emapag EP por obra millonaria para dotar de alcantarillado a zonas del noroeste de Guayaquil

En los juzgados de Guayaquil se debate una demanda que le planteó una contratista a la Empresa Municipal de Agua Potable, Emapag EP, por una obra firmada en 2021, para dotar de alcantarillado sanitario a 41.000 habitantes en el noroeste de la ciudad.

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Se trata de una acción de protección que presentó la Constructora Cevallos Hidalgo S.A. contra la Emapag EP en agosto de 2023, en la que reclama que la empresa pública le devuelva las garantías financieras entregadas como respaldo de la obra, que le pague los valores pendientes por su trabajo y que los jueces le ordenen -como medida de no repetición- a capacitar a sus funcionarios para que “se respete la seguridad jurídica prevista en la Constitución”.

“Emapag, violando la seguridad jurídica, no ha hecho ninguna de las cosas a las que se comprometió”, reclamó el abogado de la constructora, Wilson Vallejo, durante la audiencia de la acción de protección, una diligencia judicial en la que ambos querellantes expusieron sus argumentos de este litigio que comenzó hace cuatro años.

El 9 de noviembre de 2021, la contratista y la Emapag firmaron un contrato por USD 13,4 millones financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y por un plazo de 730 días o dos años, para la “construcción de redes de alcantarillado sanitario de las zonas 2, 21, 22 y 23 del Sistema 3- Fase 3”, un proyecto que buscaba beneficiar a 41.000 habitantes.

El plan contemplaba brindar la cobertura y conectividad al alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de 8.119 conexiones intradomiciliarias en cuatro zonas del noroeste de Guayaquil, de las cooperativas Reinaldo Quiñónez, Sergio Toral, San Ignacio de Loyola y Nueva Prosperina (bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

El área de influencia total del proyecto Sistema 3 comprende una extensión aproximada de 1.020 hectáreas de estos sectores ubicados dentro de los límites de asentamientos consolidados por el municipio de Guayaquil y 2.078 hectáreas de futuras zonas previstas.

“Sin embargo, en el camino empezaron una serie de problemas derivados de incumplimientos de la empresa pública contratante”, señala la contratista: “Emapag no contaba con las zonas liberadas donde se iban a ejecutar las obras y, por lo tanto, era imposible ejecutarlas”.

“Es decir, Emapag contrató a mi representada y como parte de sus obligaciones tenía que darle un plan de reasentamiento del sitio donde se iban a ejecutar las obras y, ¡oh sorpresa!, el plan no solo que no estaba listo, sino que ni siquiera se había contratado al consultor que debía ejecutar dicho plan”.

Constructora Cevallos  Hidalgo S.A.

Ante los impedimentos, ambas partes acordaron y firmaron una enmienda al contrato el 6 de enero de 2022 “con el objeto de que en lugar de los USD 13 millones, la obra debía estar restringida a una parte específica en la cual había disponibilidad de terrenos y estudios”.

“¿Qué es lo que pasó?, mi representada ejecutó las obras y, cuando terminó, solicitó que debido a la situación de emergencia que atravesaba Guayaquil en esa fecha se proceda a la terminación del contrato, a lo cual Emapag se negó y pretendió alegar que existían incumplimientos”, expuso la Constructora Cevallos Hidalgo S.A.

'Abandono de la obra'

Emapag presentó ante el juzgado varios informes de la empresa fiscalizadora, Allesa, que señalaba “abandono de la obra” por parte de la contratista, además de incumplimientos en temas ambientales, de seguridad y de salud ocupacional, y que sugería terminar el contrato.

“La contratista posee sanciones por inconformidades que no lo superó, que están abiertas, que se siguen acumulando y que deben reliquidarse hasta que puedan liquidar efectivamente el contrato”.

Verónica Fuentes, abogada de Emapag

Incluso, agregó la defensora en la audiencia de 2023, “del 10% del valor del anticipo, esto fue USD 1.338.293, apenas se ha amortizado USD 90.271, que corresponde al 6,7% del total recibido, pendiente de devengar el 93,25% que corresponde a USD 1.248.022”.

De ahí que la contratista, como respuesta, presentó un recurso de habeas data en un juzgado civil de Quitumbe, Quito, para exigir que Emapag demuestre que había entregado todos los documentos “indispensables para la ejecución de las obras” y que -como argumentaba- los trabajos no se hicieron por culpa de la constructora.

Como resultado del habeas data, declaró la contratista, ambas partes firmaron el 27 de febrero de 2023 un acta de terminación por conveniencia, o terminación de mutuo acuerdo, que detallaba los compromisos asumidos por la entidad contratante.

“Emapag se comprometió a devolver al contratista la garantía de fiel cumplimiento del contrato, lo cual no ha acontecido y, segundo, pagar al contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido”, precisa la constructora.

En este incumplimiento la contratista fundamenta su acción de protección, recurso que busca sancionar a Emapag por “la violación a la seguridad jurídica”: “No estamos solicitando que se utilicen recursos públicos para liquidar este contrato, ya que esto no es el objeto de la acción”.

En cambio, la Emapag asegura: “No nos hemos comprometido en ningún momento a un acta de conveniencia, ese documento se refiere a un acta de reunión número 1 acerca de una solicitud y procedimiento de una terminación por conveniencia, acta suscrita en la oficina de Allesa, no está firmada por un representante de nuestra institución, era una solicitud y nada más”.

La entidad agregó: “No hemos violentado la seguridad jurídica del contrato, la que se ha visto lesionada es la ciudad de Guayaquil, sí, en virtud de la potestad de Emapag de ser constructores y dotar de agua, de alcantarillado sanitario a la población, esta obra a la fecha se encuentra abandonada, señor juez”.

La Emapag le recordó al tribunal que la vía para resolver el litigio no es la constitucional sino “un potencial laudo arbitral”, un arbitraje privado que emite una decisión final y obligatoria para las partes. En la misma línea se expresó la Procuraduría General del Estado presente en la audiencia: “La normativa nos lleva a otra sede para revisar las pretensiones de la demanda”.

“El representante de la Procuraduría, lastimosamente, no revisó bien la petición de esta acción de protección, aquí no existe una controversia sobre la terminación del contrato, eso ya se produjo, lo que se está pidiendo es que, en base a la seguridad jurídica, la Emapag cumpla con lo que se comprometió”, refutó la defensa de la contratista.

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La constructora dijo lamentar “la falta de lealtad procesal con la que actúa Emapag”. “Ahora resulta, señor juez, que el acta de terminación por conveniencia no ha sido firmada por Emapag”, reclamó Wilson Vallejo al tiempo que mencionó como firmantes del acta a María Hidalia Zambrano y Stalin Raza.

Ambos desempeñaban entonces funciones en la Unidad de Proyectos de la entidad. “No se puede deslindar las responsabilidades de la empresa pública lanzando responsabilidades a los funcionarios”, agregó el abogado de la Constructora Cevallos Hidalgo S.A.

Emapag contrata estudio jurídico

La acción de protección fue negada en octubre de 2023 para la contratista porque el tribunal consideró que la controversia no representa una vulneración de derechos constitucionales y que el litigio en torno al millonario contrato debe ser resuelto en un laudo arbitral.

La contratista apeló la decisión judicial y el tribunal aún tiene pendiente su resolución. A la vez, la constructora presentó la demanda arbitral contra Emapag, que le fue notificada el 29 de octubre de 2025. Para defenderse, y ante la falta de abogados, Emapag contrató por USD 20.000 al estudio Vizueta Abogados XVR S.A., que asumió el caso el 28 de noviembre de 2025.

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En un comunicado enviado a PRIMICIAS, Emapag señaló que el 3 de enero de 2024 “decidió terminar el contrato y ejecutar las garantías bancarias de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento del contrato”, “las que fueron pagadas a la empresa por las entidades bancarias”.

Emapag no menciona en su comunicado el nivel de avance de los trabajos realizados por la contratista, el estado actual de la obra y los montos y rubros pagados. La entrevista solicitada a esta empresa pública se encuentra pendiente.

PRIMICIAS se contactó con Henry Cardoso, quien presentó, como gerente de la constructora, la acción de protección contra Emapag, pero informó que ya no representa a la firma. “Me contacté con la empresa y me dicen que le van a llamar”, dijo Cardoso a este medio.