Nuevo capítulo en la pugna entre el Municipio de Guayaquil y el Sercop: Cabildo denuncia bloqueo

La tensión administrativa y política entre la Alcaldía de Guayaquil y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha escalado nuevamente este 1 de febrero de 2026, luego de que el Cabildo porteño denunciara un nuevo bloqueo a sus procesos de contratación. 

Esto ocurrió un día después de que el alcalde Aquiles Alvarez cuestionara públicamente la gestión del Gobierno Nacional. Según la entidad municipal, las observaciones emitidas por el Sercop carecen de criterios consistentes y responden a una interpretación que desconoce excepciones legales, afectando la seguridad jurídica y el normal desarrollo de la gestión local.

En este reciente comunicado, el Municipio detalla trabas específicas en contratos de comunicación social, argumentando que el Sercop aplica reglas de bienes genéricos a servicios que tienen su propia naturaleza jurídica y tarifas establecidas. 

Por ejemplo, en el caso de Diario El Universo, el organismo de control habría alegado una presunta subdivisión de contratos, ante lo cual la Alcaldía respondió que la Ley permite la contratación simultánea de distintos medios bajo régimen especial por razones de audiencia y cobertura.

Asimismo, se reportaron inconsistencias en procesos con Diario Extra debido a formularios que el propio Sercop habría derogado sin actualizar los modelos en la plataforma, generando una "imposibilidad material" para cumplir con los requisitos formales exigidos.

La disputa también abarca a las empresas públicas municipales. En relación con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), el Sercop habría cuestionado el incumplimiento de porcentajes de inversión publicitaria. 

Sin embargo, el Municipio justificó su accionar, señalando que los estudios de mercado demostraron la inexistencia de oferta suficiente para cumplir dichas cuotas, optando por una estrategia enfocada en plataformas digitales. 

Un nuevo capítulo

Este escenario no es un hecho aislado, sino la continuación de lo que el coordinador legal del Municipio, César Poveda, calificó en diciembre de 2025 como un "bloqueo sistemático" con una clara intención política de maniatar al gobierno local. 

En aquel entonces, la administración municipal declaró desiertos 14 procesos de contratación para publicidad y difusión bajo protesta, tras suspensiones que afectaron un monto aproximado de USD 4,3 millones. 

Aquellos procesos, que incluían campañas en televisión, radio y medios digitales, según el Municipio, contaban con todos los requisitos habilitantes, pero fueron detenidos simultáneamente, manteniéndose paralizados en algunos casos por más de 50 días.