Municipio de Guayaquil investigará presunto caso de maltrato animal en camaronera de Isla Puná
Tras la circulación en redes sociales de un video que mostraría actos de maltrato animal en una camaronera, el Municipio de Guayaquil informó que iniciará acciones legales y administrativas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Los contenidos audiovisuales difundidos en redes sociales derivaron en pronunciamientos del Municipio de Guayaquil y del sector camaronero.
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Redes sociales
Autor:
Redacción Primicias
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Tras la circulación en redes sociales de imágenes que mostrarían presuntos actos de maltrato, tortura y muerte de perros en una camaronera de la Isla Puná, el Municipio de Guayaquil informó que iniciará acciones administrativas y penales si los hechos son verificados.
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Según un boletín oficial emitido este martes 20 de enero, de manera preliminar se vincula a personal de la camaronera con los hechos denunciados. Ante ello, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) se trasladará al lugar para realizar una inspección técnica y levantar un informe sobre lo ocurrido.
La autoridad municipal recordó que la ordenanza que regula la protección y control de la fauna urbana prohíbe expresamente prácticas como el ahogamiento, la sofocación y el enterramiento de animales vivos. De confirmarse estas conductas, la Comisaría Municipal aplicará las sanciones administrativas correspondientes.
Posibles sanciones administrativas y penales
Según la normativa vigente, este tipo de infracciones son consideradas muy graves y pueden ser sancionadas con multas que van de tres a siete salarios básicos unificados, además de hasta 300 horas de servicio comunitario.
Paralelamente, el municipio agregó que los hechos también podrían configurar un delito penal. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 250.1, establece penas de seis meses a un año de prisión por la muerte de animales de fauna urbana, y de uno a tres años cuando existe crueldad.
"La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".
Extracto del artículo 250.1 del COIP
En ese sentido, se ha instado a la Procuraduría Síndica del Municipio de Guayaquil a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, con el fin de que la investigación penal avance por la vía correspondiente y se determinen responsabilidades conforme a la ley.
Contexto: video en redes sociales y denuncias públicas
El pronunciamiento municipal llega un día después de la circulación en redes sociales de un video en el que se observa a tres personas maltratando a un perro en lo que sería una camaronera. Las imágenes generaron reacciones de rechazo y motivaron denuncias públicas de colectivos animalistas.
Uno de estos pronunciamientos provino del Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, que cuestionó lo que calificó como prácticas de “control poblacional” aplicadas en camaroneras y solicitó sanciones para los responsables.
Cámara Nacional de Acuacultura rechaza el maltrato animal
Tras la difusión del video, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de maltrato animal y pidió que, de comprobarse los hechos, se investigue y sancione a los responsables conforme a la ley.
En un comunicado, el gremio señaló que el maltrato animal es inaceptable y contrario a los valores de la sociedad ecuatoriana y del sector camaronero. Asimismo, sostuvo que eventuales conductas individuales no representan a la actividad acuícola ni a quienes la integran.
La CNA también advirtió que la información difundida hasta el momento no permite identificar con claridad a los presuntos responsables, la ubicación exacta ni el contexto en el que ocurrieron los hechos. Por ello, recalcó la necesidad de que cualquier denuncia se sustente en datos verificables y se tramite por las vías formales, a fin de garantizar una investigación objetiva y el respeto al debido proceso.
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