Caso puente en avenida del Bombero de Guayaquil: "Nosotros no nos damos el permiso ambiental, lo otorga la Prefectura", alega el municipio

El debate por la obra del paso a desnivel en la avenida del Bombero se trasladó a la justicia. Aunque un colectivo ciudadano busca su paralización por supuestas afectaciones ambientales y falta de consulta previa, el Municipio sostiene que la intervención cumple con todos los requisitos legales.

La directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil, Isabel Tamariz, explicó a PRIMICIAS que esta obra obtuvo un registro ambiental, no una licencia, y que eso responde a lo establecido por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente. Según Tamariz, la plataforma categoriza las obras según su impacto y no permite al municipio modificar esa clasificación.

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“Nosotros no tenemos cómo cambiar esa data. De acuerdo a los datos que ingresamos, el sistema determinó que correspondía un registro ambiental, lo que indica que el impacto es bajo”.

Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil.

Este punto ha sido uno de los más cuestionados por el colectivo ciudadano, que señala un supuesto 88,24 % de impactos negativos durante la fase de construcción, según el informe de prefactibilidad. Sin embargo, Tamariz aclaró que ese porcentaje se refiere a una evaluación interna de impactos como polvo, ruido y residuos, que luego se contrarrestan con medidas del Plan de Manejo Ambiental.

“Es una evaluación para identificar impactos y luego mitigarlos. Ese informe no tiene peso legal, fue parte de los estudios previos. Lo vinculante es el permiso que emite la autoridad competente”, explicó.

Registro ambiental vs. licencia ambiental

Tamariz precisó que el Ministerio del Ambiente no regula esta obra directamente porque no se trata de una actividad en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos o energía. Por ello, la competencia ambiental recae en la Prefectura del Guayas, entidad que, según la funcionaria, revisó el permiso y lo avaló.

“No podríamos ser juez y parte. Nosotros no nos damos el permiso ambiental; lo otorga la Prefectura. Y el día de hoy (4 de julio), representantes de la Prefectura y del Ministerio del Ambiente estuvieron en la obra. La Prefectura concluyó que el permiso está en regla y pidió que se cumpla a cabalidad el plan de manejo”.

Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil.

El plan en cuestión incluye 141 medidas de mitigación y compensación, como monitoreos de calidad ambiental, control de emisiones, gestión de residuos y socialización con actores del área de influencia.

Participación ciudadana y socialización

Otra de las preocupaciones planteadas por el colectivo es la supuesta falta de socialización con la comunidad. Tamariz sostiene que, aunque la normativa ecuatoriana no exige procesos de consulta ambiental para proyectos de bajo impacto no extractivos, el municipio realizó socializaciones desde 2023.

“Se han hecho procesos con fotos, actas y documentación desde 2023. La ley no exige que socialicemos este tipo de obra, pero lo hicimos porque lo pidió la Corporación Andina de Fomento, que financia la obra y exige estándares más altos que la norma local”, afirmó.

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La funcionaria citó el decreto ejecutivo 754, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Allí se especifica que los procesos de participación ciudadana son obligatorios únicamente para proyectos de bajo impacto en sectores hidrocarburíferos y mineros.

“Lo que estamos haciendo es una actividad constructiva. No aplica. Pero aun así hicimos el proceso”, subrayó.

Críticas a los opositores

Sobre las declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez, quien ha tachado al colectivo de tener intereses políticos, Tamariz prefirió no profundizar, pero mencionó que algunas de las voces visibles del grupo han trabajado en la administración municipal anterior.

“No hay que meter a todos en el mismo saco. Pero es interesante conocer quiénes están detrás. Nosotros seguimos abiertos a escuchar a toda la comunidad y ojalá, cuando la obra esté lista, nos den la razón”, dijo.

El municipio insiste en que la documentación está disponible en su página web y que cualquier ciudadano puede solicitar más información vía acceso público.

Para ver la resolución de la Prefectura de Guayas sobre el permiso ambiental haga click aquí.

“Hay que elevar el debate. Más que citar cifras sacadas de contexto, deberíamos hablar de qué medidas quieren que reforcemos. ¿Quieren más árboles? ¿Más luminarias? Hagámoslo”, concluyó Tamariz.

El proceso legal aún no concluye. La audiencia se reanudará la próxima semana para valorar las pruebas presentadas por las partes. Mientras tanto, el Municipio sostiene que la obra no se detendrá, ya que —según Tamariz— cuenta con todos los permisos ambientales en regla y seguirá bajo supervisión técnica y social conforme al Plan de Manejo Ambiental vigente.