Propietarios del edificio Fantasía cuestionan cobro del Municipio de Guayaquil de hasta USD 700.000 por demolición

Dieciséis propietarios del desaparecido edificio Fantasía cuestionan el cobro de hasta USD 700.000 que el Municipio de Guayaquil intenta trasladarles por la demolición del inmueble, ubicado en el centro de la ciudad y que fue derrocado en octubre de 2024 tras presentar riesgo de colapso.

Según la defensa de los afectados, el monto total se distribuye entre los dueños de departamentos del edificio, con valores individuales que oscilarían entre USD 30.000 y USD 50.000, dependiendo del tamaño de cada propiedad.

El abogado Daniel Frías, quien representa a varios de los afectados, señaló que los propietarios recibieron hace aproximadamente dos meses notificaciones municipales con notas de crédito individuales, mediante las cuales se les imputa el pago de los costos de demolición.

De acuerdo con el jurista, el valor inicial del derrocamiento habría sido de unos USD 450.000, pero con la aplicación de multas e intereses el monto total podría acercarse a USD 700.000.

Frías expuso este reclamo este miércoles 4 de marzo de 2026, durante una intervención pública en la que cuestionó el proceso mediante el cual se trasladó a los propietarios el costo del derrocamiento.

El abogado sostiene que los propietarios ya perdieron sus viviendas tras el deterioro estructural del edificio y ahora enfrentan el cobro de los costos de la demolición. Además, afirmó que ya se iniciaron procesos coactivos de cobro contra los propietarios, aunque estos todavía no se han ejecutado.

Mencionó también el caso del edificio Multicomercio, afectado por un incendio en Guayaquil, y advirtió que el proceso del edificio Fantasía podría convertirse en un precedente. Según Frías, si las autoridades finalmente ordenan la demolición de ese inmueble por vía judicial, el criterio aplicado en este caso podría abrir la puerta a que los costos también sean trasladados a los propietarios.

La acción constitucional que derivó en la demolición

Según la defensa de los propietarios, el proceso que terminó con la demolición del edificio se originó tras la presentación de una acción constitucional por parte de una ciudadana que alegó riesgo para la seguridad pública debido al estado de la estructura.

El expediente judicial sostiene que la acción fue presentada por Jennifer Ydrovo, quien solicitó medidas urgentes ante el peligro de que el inmueble colapsara y afectara a transeúntes o personas que circulaban por la zona.

En la resolución judicial revisada por este medio, fechada el 23 de julio de 2024, el juez concedió una medida cautelar constitucional y dispuso que el Municipio de Guayaquil contrate en un plazo de tres días a una empresa especializada para ejecutar la demolición del edificio.

La resolución también establecía que el derrocamiento debía ejecutarse con carácter urgente, debido al riesgo que representaba la estructura para la ciudadanía.

El documento judicial también establece que los costos derivados del derrocamiento debían ser asumidos por los propietarios del inmueble, lo que posteriormente dio origen al conflicto legal que ahora mantienen con el municipio.

Frías sostiene que los afectados no fueron notificados oportunamente sobre la audiencia en la que se adoptó esa decisión. “De esta audiencia nunca se enteró nadie”, afirmó el jurista, quien también cuestiona que una medida cautelar se haya utilizado para establecer responsabilidades económicas definitivas.

“Una medida cautelar es temporal. Es para prevenir una amenaza, no para resolver el fondo del problema ni para ordenar pagos”.

Daniel Frías, abogado de los reclamantes.

Un edificio que terminó demolido tras riesgo de colapso

El edificio Fantasía estaba ubicado en la avenida Nueve de Octubre, entre Esmeraldas y José Mascote, en el centro de Guayaquil.

La estructura de 14 pisos y más de medio siglo de antigüedad presentó una inclinación de aproximadamente 40 centímetros, lo que generó preocupación entre comerciantes y residentes del sector.

Ante el riesgo de colapso, el Municipio ejecutó trabajos de estabilización durante 22 días y fue necesario evacuar al menos seis inmuebles cercanos.

Finalmente, la demolición se completó el 22 de octubre de 2024, dejando vacío el espacio que durante décadas ocupó el edificio en esa zona del centro de la ciudad. Según la defensa de los propietarios, el deterioro estructural del inmueble se habría producido tras un sismo.

Frías asegura además que entre los propietarios había personas en condiciones vulnerables. “La mayoría, tengo el listado, de la tercera edad, inclusive con enfermedades catastróficas”, afirmó.

Reclamo por acceso a información

Los propietarios también mantienen una disputa legal con el municipio por el acceso a información relacionada con el proceso de demolición.

Por ese motivo presentaron una acción constitucional de habeas data, mediante la cual solicitan documentación sobre el nombre de la empresa que ejecutó la demolición, el proceso de contratación, los informes técnicos del estado del edificio y las resoluciones administrativas del procedimiento.

“Le pedimos al Municipio toda la información: el nombre de la empresa, el proceso de contratación, los informes técnicos. Y nos dijeron que no la tienen”, afirmó el abogado.

Un juez otorgó un plazo de ocho días al Municipio para entregar esa documentación. Ese plazo vence este 4 de marzo.

Debate sobre quién debe asumir el costo

La defensa de los propietarios sostiene que el costo de la demolición debió ser asumido por el Estado, debido a que el daño estructural del edificio habría sido provocado por un evento natural.

Según el abogado Daniel Frías, una de las posibles justificaciones del Municipio sería que no puede invertir recursos públicos en bienes privados, como era el caso del edificio Fantasía.

Sin embargo, el jurista sostiene que la situación cambió cuando la estructura se convirtió en un riesgo para la ciudad. “Cuando un bien colapsa y se vuelve un peligro para la ciudadanía, se convierte en un problema público”, argumentó.

Frías señaló que, en ese escenario, el Estado puede intervenir utilizando recursos públicos destinados a emergencias o contingencias. El abogado comparó la situación con el terremoto que afectó a Manabí en 2016.

“¿Se imaginan que después del terremoto alguien hubiera dicho a las víctimas que además de perder sus casas debían pagar la remoción de escombros?”, cuestionó.

Hasta el cierre de esta publicación, el Municipio de Guayaquil no enviaba su respuesta sobre este tema solicitada por PRIMICIAS el 3 de marzo. Según el Departamento de Comunicación de la entidad, su reacción será a través de sus redes sociales.