“Nos matan si hablamos”: transporte urbano en Guayaquil denuncia extorsión y abandono institucional

Las voces son firmes, pero se mantienen en el anonimato. Ninguno de los dirigentes de transporte urbano que accedieron a hablar con PRIMICIAS quiso mencionar su nombre, el de su cooperativa ni las líneas que operan. “Nos conocen, nos matan”, fue una frase repetida en distintas formas durante la conversación.

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Y no es una exageración. Detrás del timón de cientos de unidades de transporte urbano en Guayaquil hay conductores que manejan con miedo y administradores que deben “sintonizar” con las exigencias de grupos criminales si quieren mantener sus rutas activas.

“No tenemos las debidas garantías y no nos queda otra que sintonizar a los pedidos de ciertos grupos”, dijo uno de los dirigentes, cuya cooperativa opera en el noroeste de la ciudad. 

“Hay choferes muertos, hay heridos. Nosotros vivimos prácticamente en una situación donde no tenemos garantías de seguridad. Nuestros conductores ya no quieren trabajar por el miedo de que cualquier sujeto de estos les disparen”.

Dirigente de cooperativa de transporte urbano de Guayaquil

“Todas las operadoras tienen un precio”

Todas, según sus representantes, están obligadas a pagar extorsiones, conocidas como “vacunas”, a cambio de poder circular. En algunos casos, los montos llegan hasta USD 5.000 mensuales, según confirmaron los propios voceros.

"Todos pagamos vacuna, pero nadie se atreve a mencionar nada, porque nos conocen, nos matan".

Dirigente de cooperativa de transporte urbano de Guayaquil

“Si nosotros hacemos detener a uno de esos pandilleros, todas pagamos y ya no hay quién nos defienda”, confesó otro dirigente, que asegura que los cobros son diferenciados y se han normalizado. 

El nivel de temor es tan alto que ni siquiera quisieron mencionar el nombre de los grupos delictivos que operan en sus zonas, para no exponerse a represalias.

Aumento de rutas informales y baja demanda por temor

A esto se suma el crecimiento descontrolado del transporte informal, que también estaría vinculado a prácticas delictivas.

“El sistema informal nos está quebrando. La ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) ya no lo puede controlar, a tal punto que hay miles de tricimotos en el norte y sur sin placas, con choferes sin licencias, sin nada. Una parte de ellas andan extorsionando, secuestrando, repartiendo panfletos, matando… y no las controlan”.

La inseguridad ha provocado también una reducción en la demanda, especialmente los fines de semana. “Sábados y domingos ni siquiera la mitad (de pasajeros), porque la gente ya no sale como salía anteriormente”, explicó otro representante.

Según los dirigentes, los buses urbanos actualmente transportan entre 500 y 700 pasajeros diarios por unidad, dependiendo de la zona y la época del año. Pero el costo de mantener la operación —con pagos extorsivos incluidos— hace que muchas cooperativas trabajen a pérdida.

“Queremos saber qué están haciendo las autoridades”

Los testimonios coinciden en un punto clave: no hay respuesta institucional efectiva. Ni el Municipio, ni la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), ni el Gobierno central han brindado soluciones concretas, según denuncian.

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“Lastimosamente ninguna autoridad se pronuncia. Quisiéramos que las autoridades se pronuncien para saber qué están haciendo y cuáles son las garantías que nos dan para brindar un servicio a la ciudadanía”, reclamó uno de los entrevistados.

En medio de la presión, hay quienes han considerado devolver sus contratos de operación.

“Si no hay atención de la autoridad, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Retirar nuestras unidades, devolver los contratos de operación a la ATM, porque no podemos continuar prestando un servicio a pérdida”.

“Todos lo saben, pero nadie decide”

Pese a que la situación se ha denunciado en distintas instancias —incluso de forma reservada—, los dirigentes sienten que hay un silencio oficial que permite que estas prácticas se normalicen.

“Todo el mundo sabe lo que ocurre, tanto el Gobierno como el Municipio (de Guayaquil), pero nadie toma una decisión enérgica”.

Dirigente de cooperativa de transporte urbano de Guayaquil

Mientras tanto, las unidades siguen operando en medio del miedo, en rutas que, en lugar de ser solo recorridos urbanos, son también escenarios de riesgo y tensión permanente.

Ministro ofrece acciones

Frente a estas denuncias, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Gobierno ha intensificado las acciones contra las estructuras criminales que operan mediante extorsiones. “No vamos a permitir que sigan atentando contra el bolsillo de los ecuatorianos que luchan cada día por su dinero”, dijo.

El funcionario destacó que se ha dispuesto el incremento de personal en las unidades antisecuestro y antiextorsión, y pidió a las víctimas que se acerquen a denunciar, incluso de forma anónima. “Sin información me es muy difícil trabajar”, aseguró.

Reimberg también advirtió que los esfuerzos policiales requieren el respaldo del sistema judicial, aludiendo al proyecto de ley contra la economía criminal enviado por Daniel Noboa a la Asamblea. 

“Es fundamental que tengamos fiscales y jueces asignados para este conflicto armado interno, para que podamos trabajar en conjunto y no logren la libertad”, señaló, al cuestionar que pese a haber detenido a 85.000 personas en el marco del conflicto, la población carcelaria en Ecuador apenas se ha incrementado en 1.000 reclusos desde la declaratoria del conflicto armado interno el 9 de enero de 2024 (de 33.000 a 34.000). “Hay número que no me cuadra”, finalizó con ironía el ministro.

Desde la Policía Nacional, el coronel Víctor Hugo Ordóñez, comandante de la Zona 8, también respondió a las preocupaciones del gremio transportista. Aseguró que las unidades especializadas ya trabajan en la identificación de los responsables, incluso sin que haya denuncias formales.

“Sin necesidad de que haya la denuncia, nosotros disponemos de las unidades investigadoras para tratar de ubicar a estos extorsionadores y siempre se abre una línea investigativa que nos permitirá dar con la identidad de estos sujetos y poder procesarlos ante las autoridades competentes”.

Coronel Víctor Hugo Ordóñez, comandante de la Zona 8.