Aprobación de ley de minas de Venezuela queda en suspenso a pesar de las presiones de Delcy Rodríguez
La nueva ley de minas de Venezuela está diseñada para abrir el sector a inversiones extranjeras y privadas, como lo ha pedido el gobierno estadounidense.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante una sesión legislativa el 26 de marzo de 2026 en Caracas, Venezuela.
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Redacción Primicias / EFE
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El debate sobre la nueva ley de minas de Venezuela, diseñada para abrir el sector a inversiones extranjeras y privadas, quedó en suspenso por al menos una semana más, a pesar de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había prometido que se aprobaría esta misma semana ante una delegación de inversionistas extranjeros que visitó el país.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó este jueves 55 de los 130 artículos que contiene el proyecto y acordó dejar la discusión del resto de los apartados para una próxima sesión, posiblemente después de Semana Santa.
"Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada, solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley", pidió el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, afín al chavismo.
Superintendencia minera

El legislativo, en una sesión celebrada el mismo día en que el derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron a su segunda audiencia judicial en Nueva York, en donde fueron acusados por narcotráfico, dio vía libre a puntos relativos a la creación de un fondo y una superintendencia que controle y fiscalice la minería en el país.
Esta superintendencia, además, podrá "ejercer la administración de los tributos y regalías establecidos en esta Ley", que aún no han sido discutidos.
Asimismo, el artículo 36 indica que el Estado, "por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos".
En el 37 se señala que el Banco Central de Venezuela tiene el "derecho preferente" para la compra de oro que se obtenga como consecuencia de "cualquier actividad minera" en el país, el cual debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.
El debate quedó en el artículo 55, en el que se prohíbe la minería en "poblaciones, cementerios y terrenos sagrados o religiosos, embalses, ríos y canales" y áreas bajo protección ambiental; y establece que el desarrollo de esta actividad en zonas a menos de 100 metros de vías férreas, autopistas, carreteras, caminos, aeródromos, puentes u otras obras semejantes, necesitará de un permiso.
Ya la semana pasada, la Asamblea había avanzado en la discusión de 12 artículos, entre ellos los que establecen la intención de la ley de promover la inversión privada y extranjera y los que dan apertura a un arbitraje y a la mediación.
Promesa de seguridad jurídica

Hace dos días, Delcy Rodríguez dijo en una reunión con inversionistas que el Parlamento aprobaría esta semana la nueva ley de minas y prometió garantías, seguridad jurídica y política, así como "estabilidad y tranquilidad" para que desarrollen sus proyectos.
En esa reunión, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que esta ley permitirá el avance en cuanto a "estándares y protocolos internacionales" de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal.
Los proyectos de leyes en Venezuela deben ser sometidos a dos discusiones en el Parlamento, la primera para una exposición de motivos y una segunda y última que, en este caso, ya acumula dos sesiones debido a lo extenso que es el estatuto.
De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez a través de un decreto.
La ley llegó al Parlamento días después de la visita a Caracas del secretario estadounidense de Interior, Doug Burgum, quien se reunió con Rodríguez.
El funcionario aseguró entonces que empresas mineras de su país están "deseosas" de operar en Venezuela.
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