Doble barrera para encontrar vivienda: “Si mis amigas que no tienen discapacidad lo pueden hacer, ¿por qué yo no?”

Una mudanza puede ser motivo de alegría, pero para José Jiménez Nieto, que ha vivido una buena parte de sus 53 años de vida en una residencia, instalarse en un departamento compartido es una conquista sin precedentes.

 “Me siento como si hubiera ganado la lotería”, describe Peque, como prefiere que lo llamen, y en un arranque de emoción interrumpe la videollamada, coge el teléfono y filma su nueva habitación. Es un ambiente amplio con una cama de dos plazas, un oso de peluche, y un mueble a estrenar, que le enorgullece especialmente. Su caso se puede asemejar a tener el billete premiado de un sorteo. 

En España hay 300.000 personas con discapacidad intelectual —más de la mitad de la población es adulta, 180.000—, de los cuales el 68,2% viven en familia, el 10,4% viven en entornos institucionales, y el 20,3% viven en pisos propios, viviendas tuteladas o supervisadas, grupo que pasó a integrar Peque.

“Nosotros sabemos lo que podemos y no podemos hacer, no me gusta que me lo den todo en bandeja, sé cocinar, moverme por Madrid y hacer las cuentas; tenemos derecho a mudarnos donde queramos y no donde nos digan, queremos tener la última palabra”.

José Jiménez Nieto, persona con discapacidad intelectual

Los datos se desprenden del informe Construyendo hogares, publicado por la Fundación PwC y la Fundación Álex Rivera en febrero de 2025, que analiza las condiciones de acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual. 

El documento destaca que a un 45,5% de las 444 personas encuestadas les gustaría independizarse, pero no pueden lograrlo por la falta de alternativas, por motivos familiares o debido a la escasez de recursos. 

Carlos Rivera, presidente de la entidad que lleva el nombre de su hermano, pone especial énfasis en este último aspecto. “Los alquileres están subiendo mucho y cada vez es más difícil para todos, pero las personas con discapacidad hacen frente a un coste extra para ser asistidos en sus actividades de la vida diaria”, explica.

El estudio revela que un 56% de este colectivo —caracterizado por limitaciones en el funcionamiento intelectual y en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas —, necesita ayuda de forma muy frecuente e intensa. Los apoyos más demandados para alcanzar la vida independiente incluyen tareas como la gestión del dinero, cocinar, o asistencia cuando enferman. Por eso algunas entidades sociales han diseñado pisos de entrenamiento para el desarrollo de estas habilidades. Clara Gutiérrez, de 32 años, vive desde noviembre junto a cinco compañeras en un espacio de estas características gestionado por la Fundación Prodis en la capital.

“Al principio iba como pollo sin cabeza, pero ahora el piso me ha cambiado completamente la perspectiva, pienso que puedo hacerlo con apoyos, a mi ritmo”, afirma, “ahora me veo más capaz de vivir independiente”, dice.

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El piso cuenta con personal de asistencia por las tardes y noches. Para Clara esta ayuda es especialmente valiosa porque al sufrir diabetes tiene que preparar su propia comida y velar porque su nivel de azúcar no pegue saltos. 

“Da un poco de vértigo, pero cuando he visto que puedo hacer cosas, me he motivado muchísimo; acabé entendiendo que, si yo puedo hacer una cosa y la de al lado no puede, pues yo puedo ayudarle porque por algo somos compañeras”, relata.

El camino a la desinstitucionalización

Un estudio realizado por Asprodema en 2017 reporta que el tipo de vivienda influye significativamente en la satisfacción personal. Los espacios con más independencia obtuvieron puntuaciones más altas de calidad de vida (60%), en comparación con las residencias (40%), caracterizadas por una gestión centralizada y entornos colectivos y controlados. Por este motivo, países como Noruega, Suecia o Nueva Zelanda han implementado medidas como un proceso de desinstitucionalización y la promoción de modelos de vivienda alternativos.

En España un 9,7% de las personas con discapacidad intelectual viven en plazas ofrecidas por los servicios de atención residencial (SAR) de las comunidades autónomas a través de las Administraciones públicas, según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Por territorios, un 56,4% de las personas que tienen plaza en el SAR de Cataluña están en un modelo de vivienda no institucional, cifra que baja hasta un 7,5% en Andalucía y un 6,7% en la Comunidad de Madrid.

María Calvo, trabajadora social de la fundación A la par, matiza que en muchos casos estas instituciones son necesarias para usuarios con mayor dependencia, por lo que traslados como el de Peque —coordinado por su entidad— son beneficiosos: “Hay mucha gente en lista de espera, así algunos pueden salir a la comunidad, dejando plazas libres para otras personas que lo necesitan más”, declara.

Por su parte, Rivera recuerda que si bien la familia puede ser un entorno favorable, esta no es siempre una opción por varias causas, principalmente vinculadas a las personas que se encargan del cuidado. “La buena noticia es que la esperanza de vida [de las PcDi] ha subido, pero la mala noticia es que los cuidadores habituales fallecen o llega un punto en que no pueden asumir esas tareas”, explica.

Roger Soler, joven de 33 años que vive con su madre en Berga (Cataluña), es consciente de esta situación. “Necesito estar preparado para cuando mi madre ya sea más grande o mis hermanos no estén por aquí”, comenta. Solicitó el servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar de la Generalitat en junio de 2023 y está en lista de espera con resolución favorable. Roger explica que si bien tiene carnet de conducir y se ha quedado algunas semanas a cargo de la casa y sus mascotas mientras su madre estaba fuera, le entusiasma la idea de mudarse a un piso compartido. 

“Me motiva la autonomía, el derecho a que nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer, la libertad de decidir cuándo cocinar, ver la televisión y descansar”.

Roger Soler, persona con discapacidad intelectual

El empleo, el primer paso para acceder a una vivienda

El trabajo es uno de los aspectos que dificulta más la emancipación para las personas con discapacidad intelectual. Aún, cuando tanto Clara, como Peque y Roger están empleados, no son la norma en un colectivo cuya tasa de ocupación es del 21,9%, pese a que al 71,2% de quienes están desempleados les gustaría trabajar. Además, de los ocupados, seis de cada diez perciben un salario inferior a 10.000 euros anuales.

Peque gana 800 euros al mes (USD 900). Con su salario sería prácticamente imposible alquilar una habitación en Madrid a precio de mercado, y más aún pagar por personal de asistencia. El piso en el que vive pertenece a tuTechô, una socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) con carácter social que tiene más de 350 unidades repartidas en España para hacer frente al sinhogarismo. Las adquiere de segunda mano, y las pone a disposición de casi 70 entidades como A la par. Estas organizaciones las subarriendan a los beneficiarios a un precio asequible. “Para un piso normal a mí no me llega, perdería todo lo que yo gano; ahora pago 300 euros y es un chollo: me queda para la comida y los servicios, me mantengo”, explica.

Anna Capdevila, responsable del servicio de acompañamiento a la vida independiente de la fundación La Llar, que asiste a Roger en el diseño de su proyecto de vida, destaca que uno de los requisitos de la Generalitat para valorar su idoneidad es que tenga ingresos. “Ellos todavía tienen que pagar unos suministros, la comida y lo que todo el mundo paga cada mes”, describe.

Colaboración público privada

Las Administraciones tienen un rol fundamental para ensanchar el parque de vivienda asequible. Carlos Rivera describe que aunque hay planes de vivienda “muy interesantes para colectivos vulnerables” en las comunidades autónomas, las bases no siempre favorecen la entrada de personas con discapacidad intelectual en los inmuebles. Menciona requisitos como el contar con un salario o la prohibición del subarriendo. “Una vivienda social no se debería subarrendar, pero podría hacerse la excepción en ciertos colectivos para los que suelen ser fundaciones las que alquilan los inmuebles”, sostiene.

Por su parte, el informe de la Fundación PwC insiste en el potencial del sector privado, dado que las inmobiliarias pueden aprovechar su cartera para mejorar el acceso de este colectivo a la vivienda. “Las empresas tienden últimamente al impacto social, pero que esto no va a dar resultado si el marco normativo no les favorece”, opina Rivera. Por su lado, Clara, lejos de los escritorios y la burocracia, está segura de que el primer paso es abrir la mente y estar dispuestos a dar una oportunidad a estas personas. “No se puede decir que alguien no es capaz de salir de casa cuando ni siquiera lo hemos visto. Si mis amigas que no tienen discapacidad lo pueden hacer, ¿por qué yo no?”, reflexiona.

Contenido publicado el 25 de mayo de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.