Tribunal libera a dueños de discoteca Jet Set pese a tragedia con 235 muertos en República Dominicana
"No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo", reclama la Fiscalía de República Dominicana, después de que los propietarios de la discoteca colapsada recibieran libertad bajo fianza de cara a su juicio.
Equipos de rescate trabajan en la búsqueda de víctimas al interior de la discoteca Jet Set este miércoles 9 de abril de 2025, en Santo Domingo (República Dominicana).
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EFE
Autor:
AFP/Redacción Primicias
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Un tribunal dominicano determinó el 19 de junio de 2025 que los hermanos propietarios de la discoteca, que colapsó hace dos meses y dejó más de 230 muertos, saldrán bajo fianza y encararán en libertad su juicio por homicidio involuntario.
La fiscalía pidió prisión preventiva para el dueño y gerente del club Jet Set, Antonio Espaillat, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, que hacía de administradora. Ambos fueron detenidos el jueves pasado.
La jueza Fátima Veloz órganos que ambos pagarán una fianza de 50 millones de pesos (casi USD 842.500), no podrán salir del país y tendrán la obligación de una presentación periódica ante un tribunal.
El techo del Jet Set se derrumbó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció junto a otras 235 personas en el incidente. El Ministerio Público (MP), que insiste en que los imputados "alteraron de manera significativa" la estructura, apelará la decisión de Veloz.
"No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo", escribió en X la jefa de la fiscalía del capitalino Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
La fiscalía denunció una "operación negligente" en Jet Set y enumeró "fallas estructurales" en el edificio.
Según el MP, los hermanos Espaillat intimidaron a empleados para que no aportaran pruebas en el caso.
El pago de la fianza para su salida se hará el viernes 20 de junio porque este jueves es feriado en República Dominicana, dijo el abogado de Espaillat, Jorge Luis Polanco.
El acusado "siente que fue una decisión ajustada a los presupuestos que se plantearon", indicó.
El proceso sigue con una nueva etapa de investigación para recabar más pruebas, antes de la acusación formal, la audiencia preliminar y el juicio. Todo puede tomar meses.
Múltiples demandas civiles
El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.
Los parientes de las víctimas presentaron por su parte un centenar de demandas civiles contra esta poderosa familia, que tiene además un conglomerado de medios y restaurantes.
La familia Espaillat informó en un comunicado que suscribió "sin publicidad ni condicionamiento alguno, más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados".
"Hemos actuado con responsabilidad, transparencia y humanidad", indicó la familia en el texto. "Pedimos justicia basada en los hechos, no en narrativas".
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