Gobierno de Perú impulsa una ofensiva nacional de seguridad para "recuperar orden interno"

El Gobierno de Perú presentó un nuevo plan de seguridad que, a través de medidas extraordinarias, pretende ser una ofensiva nacional para recuperar el control del territorio y restablecer el orden interno de cara al auge del crimen organizado.

"El Gobierno ha tomado la decisión política de pasar del diagnóstico a la acción. Esta ofensiva no es declarativa: implica despliegue real, inteligencia operativa y presencia efectiva del Estado en las calles", afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en el encuentro de Ejecutivo con representantes de las fuerzas de seguridad.

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Arroyo dirigió este sábado un reunión con el ministro del Interior, José Mercedes Zapata, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Díaz, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, entre otras autoridades.

"No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno. Estamos actuando con firmeza para proteger a la población y restablecer la autoridad del Estado", sostuvo el primer ministro al remarcar que la lucha contra la delincuencia además de ser una demanda social urgente, constituye un pilar para la gobernabilidad democrática.

Durante la sesión, el ministro del Interior presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, que plantea una intervención escalonada en zonas críticas, el fortalecimiento de la prevención policial y comunitaria, así como el refuerzo del control en fronteras y espacios estratégicos.

El plan establece como meta reducir la tasa de homicidios de 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025 a 8,5 en 2028, además de una disminución progresiva de los casos de extorsión y sicariato.

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Para ello, se prevé optimizar las capacidades de inteligencia, investigación criminal y análisis criminal, junto con el fortalecimiento de la administración de justicia y el sistema penitenciario.

Algunas medidas que se van a implementar son la creación de laboratorios de criminalística, el impulso de sistemas de interoperatividad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial y la promoción de la investigación especializada de flujos económicos ilícitos.

La estrategia se implementará mediante Fuerzas de Tarea Integradas del Estado, con un despliegue flexible y adaptado a la dinámica delictiva de cada territorio, un enfoque que busca responder con rapidez a los focos de violencia y desarticular las redes criminales que operan a nivel nacional.