Colombia registró 72 masacres y el asesinato de 89 líderes sociales en 2024, según la ONU
Un informe de la ONU revela que los asesinatos de líderes sociales continúan en Colombia. Además, hay un aumento de reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.
Un avión militar colombiano equipado con armas de fuego sobrevuela la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, el 22 de enero de 2025.
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Mario Caicedo / EFE
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EFE/Redacción Primicias
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En Colombia hubo 72 masacres en 2024, año en el que 89 líderes sociales fueron asesinados, reveló este lunes en Bogotá la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al presentar su informe anual sobre el país, que advierte del incremento de las cifras de reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.
El documento, que "analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2024", alerta de las "estrategias violentas de control social" de grupos armados y organizaciones criminales en las regiones que continúan "impactando en la población civil y generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios".
"Esta violencia afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas y afrodescendientes, procesos organizativos de base y comunidades campesinas", agrega el informe, según el cual "los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica" en las regiones.
Cifras que disminuyen, violencia que persiste
La Oficina del Alto Comisionado en Colombia recibió 89 alegaciones de posibles masacres perpetradas en el país el año pasado, de las cuales pudo confirmar 72, lo que supone una disminución del 27% con respecto a la cifra informada en 2023.
Sin embargo, las matanzas dejaron 252 víctimas mortales, de las cuales 214 eran hombres, 26 mujeres, 11 niños y una niña. Del total de fallecidos, 12 pertenecían a pueblos étnicos, seis de ellos indígenas y seis afrodescendientes.
La ONU también recibió 191 alegaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos el año pasado, de los cuales pudo verificar que en 89 casos había un vínculo entre la muerte y la labor de la víctima mortal.
"En 33 casos se verificó el carácter de persona defensora pero no se pudo determinar el nexo causal del homicidio con su labor, y en 69 se consideró que no había información concluyente", resalta el informe.
Los 89 casos verificados -en los cuales 77 de las víctimas eran hombres, 11 eran mujeres y una era una persona trans- supusieron una disminución del 15% de asesinatos de defensores con respecto a 2023.
El organismo afirmó que hubo 569 amenazas contra defensores de derechos humanos, "que constituyen solo una muestra del universo total de casos".
"Del total de casos, 353 fueron contra hombres, 200 contra mujeres, 16 en contra de personas defensoras LGBTIQ+ y 21 amenazas colectivas. En cinco casos, las amenazas contra mujeres y personas LGBTIQ+ podrían constituir violencia de género", agregó la información.
Reclutamiento al alza
Una de las cifras más preocupantes que revela el informe es el de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, pues este organismo verificó 216 casos, de los cuales 118 son niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género.
Esto "implica un deterioro respecto a 2023 a pesar de que estas cifras representan solo una muestra del total de casos ocurridos en todo el país", según el organismo de la ONU, que está preocupado porque el 58% de las víctimas pertenecen a grupos indígenas o afrodescendientes.
"Varias víctimas reportaron haber recibido castigos físicos, haber sido usadas para el reclutamiento de otros niños y amenazadas tras su desvinculación del grupo", detalló la Oficina.
Igualmente fueron documentados casos de niños y niñas asesinados en el conflicto o como represalias internas del grupo armado que los reclutó.
Familiares de los menores también recibieron amenazas después de denunciar el reclutamiento o tras intentar recuperar a los niños y niñas.
"Debido al temor a las retaliaciones por parte de los grupos armados no estatales, a la normalización de estas conductas y a la desconfianza en las instituciones, un alto porcentaje de casos de reclutamiento no se denuncian ante las entidades públicas", lamentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos en su informe.
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