Candidatos presidenciales de Perú abrazan el "populismo penal": pena de muerte, jueces sin rostro y hambre en las cárceles

Pena de muerte, jueces sin rostro, hambre en las cárceles y estado excepción son algunas de las propuestas que más repitieron en declaraciones públicas esta semana los principales candidatos a la presidencia de Perú, quienes han abrazado lo que analistas denominan como "populismo penal" con miras a las elecciones del próximo 12 de abril de 2026.

Una buena parte de los 34 candidatos que han intervenido hasta ahora en el debate público ofrecieron medidas extremas para combatir la inseguridad, que se ha vuelto la mayor preocupación de los peruanos ante el auge de las bandas criminales que extorsionan a la población, exigiendo dinero bajo amenazas de muerte.

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Entre ellos, los dos principales candidatos, según las encuestas: Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quienes abogan por salirse del Pacto de San José, el pacto interamericano más importante de protección de los derechos humanos, del que hasta ahora se han retirado solo tres países: Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago.

López Aliaga ha dicho que de ganar las elecciones retirará a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -derechos "inhumanos", dice- para aplicar la pena de muerte y que volverá a utilizar a los jueces "sin rostro" -encubiertos-, que se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)

¿Quién era Alberto Fujimori?

También prometió la construcción de cárceles aisladas, sin luz, agua ni comunicación, donde afirmó que los presos no recibirían alimentos cada vez que haya un asesinato en las calles.

Mientras, Fujimori también se mostró abierta a retirarse de la CIDH, pero aclaró que no para implantar la pena de muerte, "porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no hizo falta", en alusión al combate que libró su padre contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Jueces "sin rostro"

"Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostro y para que los internos tengan que trabajar por su alimento", señaló Fujimori, cuyo padre ya estableció tribunales con magistrados encubiertos que condenaron por terrorismo a miembros de Sendero Luminoso y MRTA, en juicios que posteriormente la CIDH obligó a repetir con las debidas garantías para los procesados.

Aún más incisivo fue el derechista Álvaro Paz De la Barra (Fe en el Perú), quien propuso un estado de excepción a nivel nacional con suspensión de garantías y derechos fundamentales.

"Soy la única persona que dice en 72 horas cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia y sin la posibilidad de plantear habeas corpus. La cadena perpetua es para que sufran en vida todos los corruptos, los corruptores y las bandas criminales", dijo Paz De la Barra.

En la misma línea se pronunció Paul Jaimes, del partido Progresemos, al señalar, sin pruebas, que la CIDH "solo ha defendido a puros delincuentes" y aseverar que "estos delincuentes ya no merecen vivir. Llegó el momento de aplicar la pena de muerte a los sicarios y violadores de menores de edad".

Uno de los pocos candidatos que explícitamente manifestó su oposición a salirse del Pacto de San José fue el abogado izquierdista Ronald Atencio, de la alianza Venceremos, quien prometió derrotar al crimen cumpliendo el Estado de Derecho.

Aquellos más centrados como Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) o Alfonso López Chau (Ahora Nación) plantearon invertir más en inteligencia contra el crimen organizado, promover fiscalías especializadas y reformar la Policía Nacional.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencial ocho mandatarios en cerca de 10 años.