Petro convoca movilizaciones en Colombia para defender el alza salarial, suspendida por el Consejo de Estado
"El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia", dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una reunión de trabajo, el 13 de febrero de 2026.
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Presidencia de Colombia
Autor:
Redacción Primicias/EFE
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El presidente de Colombia, el progresista Gustavo Petro, convocó para el próximo jueves 19 de febrero movilizaciones en defensa del llamado "salario mínimo vital", luego de que el Consejo de Estado suspendió el decreto que aumentó esa retribución.
El pasado viernes el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del 30 de diciembre que fijó en un 23,7 % el aumento del salario mínimo para 2026 y ordenó expedir una norma transitoria mientras se toma una decisión de fondo.
Además, el Consejo argumentó que para determinar el porcentaje de aumento del salario mínimo, "el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes", basado en variables como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad, entre otros.
El Consejo de Estado de Colombia es el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa y órgano supremo consultivo del Gobierno. Forma parte de la rama judicial y dirime conflictos entre ciudadanos y el Estado, o entre entidades estatales.
Petro señaló que "espera resultados" de una reunión de concertación convocada para el lunes para revisar el nuevo decreto y sostuvo que el Gobierno tiene "razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra" para sustentar el incremento.
El salario mínimo para 2026 fue fijado en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, una medida que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, pero que ha sido cuestionada por gremios empresariales por su impacto en la inflación y el empleo formal.
Petro aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado.
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