Venezuela aprobó la nueva ley de minería y abre el sector a la inversión privada extranjera como quería Estados Unidos
La ley abre la puerta de las vastas reservas minerales del país a inversores extranjeros, como ya se hizo con la industria petrolera bajo presión del gobierno de Donald Trump.

Sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, el 9 de abril de 2026.
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Autor:
Redacción Primicias / EFE
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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves 10 de abril de 2026 la nueva ley de minería que quería Estados Unidos y que abre la puerta de las vastas reservas minerales del país a los inversores extranjeros, tras tomar la misma medida con la industria petrolera bajo presión del gobierno de Donald Trump.
De esta forma, el país dio un paso más hacia la transformación profunda del modelo estatal en el manejo de recursos naturales impuesto por el chavismo, luego de la caída de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense.
El Parlamento sancionó la nueva ley minera por unanimidad tal como lo hizo el pasado 29 de enero con la reforma a la ley de hidrocarburos, que ofrece garantías a la inversión privada.
Venezuela es más conocido por sus enormes yacimientos de petróleo, pero también es un país rico en minerales como el oro, diamantes, bauxita o el coltán, este último clave en la fabricación de telefónos móviles.
Sin embargo, grupos armados manejan algunas zonas mineras con la supuesta complicidad de las autoridades, de acuerdo con varias investigaciones.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez elogió en la red X la norma como un "instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería" en Venezuela.
"Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional", escribió Rodríguez el jueves en la red X.
La norma establece expresamente que compañías privadas nacionales y extranjeras pueden participar en el negocio minero, y permite la creación de empresas mixtas, entre privados y públicas, con el mismo fin.
En ese sentido, ofrece incentivos tributarios para la inversión, entre ellos, pago de regalías hasta 13%.
Rodríguez, quien asumió el poder de manera temporal tras la captura de Maduro el 3 de enero, deberá promulgar la ley en breve, previo examen de la justicia constitucional.
La presidenta encargada gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, también celebró la futura ley como "un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro".
La minería la controlan las bandas armadas

La actividad minera en Venezuela se concentra sobre todo en un territorio de 112.000 km² bautizado como el Arco Minero, al sur del río Orinoco y al norte del Estado Bolívar, fronterizo con Brasil.
Bandas, grupos armados y, en ciertas zonas, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores enteros de las zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos.
Existe un "control" por parte de "bandas armadas, organizadas, que se hacen llamar sindicatos, pero también se hacen llamar 'el sistema'", según Lisseth Boon, autora del libro de investigación "Oro malandro" (Oro bandido).
La suspensión en 2011 de todas las concesiones mineras por el entonces presidente Hugo Chávez creó "como un vacío en el control" y "ahí fue cuando comenzaron como a irrumpir los 'sindicatos'.
"Eso es lo que explica que una zona que está totalmente militarizada y donde supuestamente hay una presencia del Estado, esté controlada por estos grupos criminales en las minas", subraya Boon.
Estos grupos cobran una comisión sobre todas las extracciones, pero también "vacunas" (impuestos o tasas) a todos los comercios e incluso a las trabajadoras sexuales, añade.
El portal Insight Crime también estima que "los 'sindicatos' que se dedican a regular la minería de oro (...) han desarrollado, obviamente, un control bastante profundo de estos territorios", señaló una investigadora del centro de análisis que prefirió reservar su identidad.
"La pregunta es si esta ley va a poder regular" la actividad y "garantizar que este oro no provenga, no esté manchado por estos grupos criminales y por esta influencia criminal. Si lo podrá lograr es la gran pregunta", añadió.
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