Ecuador guarda USD 490 millones para afrontar arbitrajes internacionales

Las demandas de arbitraje que enfrenta Ecuador ante las cortes internacionales, han llevado al país a calcular un pasivo contingente de USD 490 millones para enfrentar posibles fallos o laudos adversos. Es decir, a "guardar" esos recursos.

Este pasivo contingente no se considera deuda, según el Ministerio de Finanzas, porque no se trata de una obligación ya contraída, sino de un monto previsto por si Ecuador es condenado y debe pagar.

Las demandas han sido elevadas por empresas del sector petrolero, minero, farmacéutico, pesquero, de acuerdo con información suministrada a PRIMICIAS por la Procuraduría General del Estado.

Actualmente, Ecuador afronta 16 procesos de arbitraje en cortes internacionales.

De ellos, ocho se originan en disputas de inversión pública, como en los casos de las petroleras Perenco y Chevron III.

Además de los arbitrajes planteados por Merck Sharp & Dohme, GLP, la española Sociedades Grupo Albacora y Worley Parsons.

En este grupo también clasifican las demandas interpuestas por RSM Company, Zamora Gold que llegaron solo hasta la etapa de notificación de arbitraje.

Casos pequeños, pero abundantes

Los ocho casos restantes son sobre temas comerciales de carácter confidencial, según la Procuraduría.

De todos los casos iniciados contra Ecuador ante tribunales internacionales, 10 son por cuantías inferiores USD 100 millones.

En esa categoría están, por ejemplo, los procesos de Internexa versus la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Merck Sharp & Dohme contra la República de Ecuador, el de la española GLP y el caso de Albacora.

• Albacora reclama que recibió un trato tributario injusto.
• Merck Sharp & Dohme, denegación de justicia en la controversia por la venta de una planta farmacéutica a la compañía ecuatoriana NIFA.
• Internexa Ecuador e Internexa Perú argumentan que hubo un abuso de posición dominante de parte de la empresa estatal ecuatoriana de telecomunicaciones CNT.
• El Consorcio GLP tiene una controversia con la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) por el supuesto incumplimiento en la construcción de esferas de almacenamiento de gas en la terminal de Montreverde.

Chevron, el caso más enredado

El caso Chevron III se ventila en la Corte Permanente de La Haya.

La petrolera estadounidense Chevron reclama que Ecuador pague los daños reclamados por la empresa por denegación de justicia en las cortes ecuatorianas.

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Chevron argumenta que incurrió en esos gastos para defenderse de un fallo de 2011 de la corte de Lago Agrio.

La corte condenó a la petrolera a pagar USD 9.500 millones por contaminación en los lugares de la Amazonía en los que Texaco -que fue adquirida por Chevron- tuvo operaciones.

Los demandantes de Lago Agrio han tratado de cobrar los USD 9.500 millones en países como Brasil, Argentina y Canadá, ya que Chevron no tiene activos en Ecuador y la empresa ha tenido que contratar abogados en esos países para defenderse.

"En este caso el 30 de agosto de 2018, el tribunal arbitral emitió un laudo que declara que el Estado ecuatoriano es responsable de haber violado el Tratado Bilateral de Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos", dice la Procuraduría.

El argumento de la Corte es que Ecuador emitió una sentencia, supuestamente fraudulenta, contra Chevron-Texaco.

Chevron se alista para presentar la cifra de daños ante la Corte Permanente de la Haya y, en febrero, Ecuador presentará su estimación.

Para 2021, la Corte ha previsto una audiencia para definir la real cuantía de los daños tras escuchar a las dos partes.

Potencial para más problemas

Además de las demandas ya planteadas, Ecuador ha recibido hasta ahora 26 notificaciones de controversia.

Estas notificaciones podrían convertirse en arbitrajes si el país no llega a acuerdos con las empresas involucradas.

Corrección: en la nota original sobre este tema publicada el 28 de junio de 2019 dijimos de manera equivocada que Ecuador había provisionado USD 7.574 millones para afrontar posibles laudos en contra en arbitrajes planteados contra el Estado. La cifra correcta es USD 490,2 millones. Los USD 7.574 millones corresponden a todos los pasivos contingentes del Gobierno Central, incluyendo laudos, operaciones comerciales, Certificados de Garantía Yasuní, Bonos del Programa de Financiamiento de Vivienda Social, pasivos contingentes de Operaciones de Repo y pasivos contingentes por garantías soberanas. Esta nota fue corregida el 28 de febrero de 2020.