Fiscalía indaga robo de 55.000 quintales de arroz

La "desaparición" de 55.000 quintales de arroz, correspondientes a la reserva estratégica para la seguridad alimentaria del país, llegó a instancias penales. La Fiscalía inició de oficio una investigación por el presunto delito de robo de bienes públicos.

Así lo confirmó a PRIMICIAS, el fiscal del caso, Walter Jaramillo. La disposición vino de la fiscal general, Diana Salazar.

El proceso, que se encuentra en indagación previa y tiene reserva, comenzó el 19 de octubre de 2022, un día después de que mediante acto urgente se comprobó el faltante del arroz en las bodegas de la empresa Carozeli S.A., en el cantón Daule, Guayas.

El almacenamiento y conservación del arroz pilado, en sacos de 45,36 gramos, está a cargo de dicha empresa desde el 28 de noviembre de 2019, fecha en que suscribió el contrato con la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), empresa pública ahora en liquidación.

Carozeli se dedica a la compra venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, entre ellos, de instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos, según la actividad económica descrita en el portal de la Superintendencia de Compañías.

María Eugenia Velásquez es la presidenta e Isidoro Martínez Velásquez (su hijo) figura como gerente general.

PRIMICIAS conversó con Angie Fajardo, abogada y vocera de Carozeli, quien afirmó que los quintales del producto no han desaparecido, como lo manifestó el liquidador de la UNA, Luis Hernández.

"El arroz no ha desaparecido, está rotando como lo establece el contrato. Y no es que nosotros no queramos revelar donde está, sino que nos apegamos a la clausula del contrato", explicó.

Se refiere a aquella que señala que la contratante debe "cuidar de la calidad y preservación del producto, rotándolo continuamente, sin perjuicio de perder el stock entregado al finalizar el presente contrato".

Bajo este argumento, la empresa sustenta el traslado del arroz a otras bodegas.

¿Dónde está el arroz?

Otra de las cláusulas detalla que la empresa debe "mantener absoluta confidencialidad de las operaciones diarias de los resultados de los monitores y trabajos realizados".

También de la información relacionada y recibida por parte de la UNA EP. "Esta información tampoco se puede publicar, compartir ni entregar a terceras personas".

Es decir, Carozeli solo revelará la localización del producto a la Unidad en liquidación.

Según Fajardo, la empresa pública sabe dónde está el arroz. Incluso, mostró documentos de dos verificaciones, realizadas por Luis García, administrador del contrato de la UNA, en 2019 y 2020.

Pero Luis Hernández, liquidador de la UNA, reiteró a PRIMICIAS que él no conoce el paradero de la gramínea.

Además, la empresa reclama a la UNA los pagos por el servicio prestado. Según el contrato, la Unidad debía pagar USD 140.692,07: USD 11.724,34 en 2019 y el restante en 2020, año en que terminaría el mismo. Sin embargo, Carozeli sigue almacenando el producto.

"Hemos enviado varios oficios a la UNA solicitando el pago de esos valores pendientes y hasta ahora no tenemos respuesta. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y llegar a un acuerdo de pago", agregó Fajardo.

No obstante, Hernández dijo que no puede pagar por algo que no ha podido constatar físicamente. "Tengo un último informe de Luis García, en el cual detalla que solicitó acompañamiento de la Policía, porque no pudo verificar dónde está el producto".

El liquidador de la UNA se desempeña como gerente general de la empresa pública desde agosto de 2020, inicialmente como subrogante, hasta que inició el proceso de liquidación.

Manifestó que cuando asumió el cargo, el contrato estaba vigente y todo aparentaba estar en regla.

Entrega paulatina

Carozeli planteó a la UNA una entrega paulatina de los quintales de arroz. Lo hizo mediante un correo electrónico, el 19 de octubre. Allí propone "señalar las fechas mediante un cronograma para proceder a la entrega del producto".

También pide la Unidad coordinar si el traslado del arroz estará a cargo de Carozeli o de la UNA.

La empresa exhorta además a firmar un adendum al contrato, que feneció en noviembre de 2020, pero que continúa en ejecución. Sus representantes exigen, así mismo, la cancelación de los valores pendientes.

Paralelamente, la empresa solicitó el 15 de octubre de 2022 una acción de protección contra la UNA. Ellos piden "que se otorgue un tiempo prudencial para la devolución del producto".

Además, que se reserve su derecho de acudir ante el respectivo Tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo, para que se determine la responsabilidad contractual de las partes.

Al respecto, Hernández señaló que su equipo jurídico alista la respuesta a Carozeli, pero anticipó que no aceptará ninguna de las propuestas de la compañía. Incluso, alista la terminación unilateral del contrato por incumplimiento.

Esa será, según dijo, su última acción antes de entregar la UNA liquidada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Carozeli está consciente de que pronto la competencia pasará a manos del MAG y espera que este resuelva el conflicto.

PRIMICIAS intentó obtener una versión del Ministerio, pero dijeron que no se pronunciarán hasta comprobar cómo recibirán la liquidación de la UNA.

Mientras tanto, sigue sin conocerse el paradero de los 55.000 quintales de arroz, valorados en USD 1,8 millones.