Marco López: "La ley de quiebras ampara a las empresas ante juicios"

Uno de los cambios positivos de la propuesta de ley de quiebras de Guillermo Lasso es que hace más expedita la reestructuración financiera de las empresas.

Lo dice el superintendente de Compañías, Marco López, en entrevista con Primicias. Por ejemplo, el decreto ley establece un plazo de seis meses para que los accionistas lleguen a un acuerdo con sus acreedores sobre el plan de salvataje de una compañía.

Ahora, esas negociaciones "duran años", añade el superintendente.

López considera que hay temas que mejorar en la propuesta. A su juicio, las empresas que ya no son viables también deberían poder acordar estos procesos de reestructuración, llamados concordatos, con el fin de que todos los acreedores puedan cobrar lo que les adeudan de una manera "justa" y ordenada.

En Ecuador, hay 148.502 empresas activas en Ecuador y 5.557 empresas en procesos de disolución, según datos del Directorio de Empresas de la Superintendencia, con corte a diciembre de 2022.

¿Cuál es el nivel de solvencia financiera de las empresas de Ecuador?

Es difícil identificarlo, no hay un análisis individual. Se hacen estudios sectoriales. 

La viabilidad de una empresa no se mide solo desde la liquidez. Un primer aspecto que hay que ver es el flujo operativo del negocio: cuál es el costo de producción y las ventas.

Si el flujo es negativo, la empresa está muerta, no es viable. Si es positivo, el negocio es recuperable.

Luego de eso, se analiza los problemas de la compañía, por qué está endeudada y qué se puede hacer para recuperarla.

Para hallar estas salidas, hay que entrar en este proceso de reactivación o concordato, que consiste en poner en una cápsula a la empresa para ampararla ante juicios civiles.

¿Qué riesgos hay para las empresas con el fenómeno de El Niño? 

A diferencia de la pandemia, donde hubo una caída brusca de todos los ingresos y no se pudo prever la magnitud de lo que iba a venir, El Niño es más focalizado.

Se pueden medir los posibles riesgos e ir tomando ciertas medidas, para que una vez que llegue, los efectos sean los menores posibles.

Hay sectores que van a tener problemas, como el de alimentos o la agricultura. El Niño también trae problemas logísticos, debido a posibles daños en las vías.

Esto afecta las exportaciones, por las dificultades para llegar a los puertos. Son un montón de efectos colaterales. Se encarecen los bienes, con impacto en la producción y en las ventas. Todo esto produce falta de liquidez.

En ese momento es necesario proteger las fuentes de empleo para mantener el consumo y, así, reactivar la economía.

¿En qué medida la ley de quiebras que plantea el Gobierno ayudará a enfrentar estos escenarios?

Es una medida que ayuda a la empresa a salir un rato del mar en el que se está ahogando, tomar aire y volver a producir.

Primero, hay que evaluar si la empresa es viable. Si lo es, se pone a la empresa dentro de una burbuja, para que los bancos no le cobren, los empleados no le hagan huelga o el SRI le espere.

Entre la empresa y los acreedores se acuerda un plan para salir de esa crisis. Esta empresa va a necesitar capital fresco y hay que darle prelación a quien le otorgue ese crédito para que la empresa salga adelante.

El tiempo concursal es el plazo que les lleva a la empresa y sus acreedores negociar y ponerse de acuerdo. No todos los acreedores están en las mismas condiciones ni tienen la misma prelación. Cada caso es particular. La ley da seis meses para esta negociación.

Esto es un cambio, los concursos preventivos actualmente pueden durar años.

Entiendo que la Superintendencia no participó en el desarrollo de esta ley de quiebras. ¿Qué opina de la ley y su viabilidad?

Todo es perfectible. Hay ciertas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, ampliar el concordato para las empresas que ya han entrado a la figura de disolución, que ya es el paso previo al cierre.

En esos casos, el concordato es necesario para pagar a los acreedores de forma ordenada, de manera que pierdan lo menos posible, aunque la empresa muera al final.

El concordato es necesario para pagar a los acreedores de forma ordenada, aunque la empresa muera al final.

Se trataría de un plan para reordenar los pagos y que los acreedores cobren lo que les deben, de manera justa, sin abusar de su condición.

¿La protección concursal podría significar un riesgo para el sector financiero y los proveedores?

No. Los sistemas concursales no son un riesgo para los acreedores, que ya lo asumieron desde antes, por ejemplo, un banco al dar un crédito a la empresa o un proveedor al entregarle materia prima.

Más bien, se trata de mejor la posición de los acreedores, se cierran las asimetrías de poder que tienen ciertos acreedores, en especial, el sistema financiero.

Con estos procesos se cierran las asimetrías de poder que tienen ciertos acreedores, en especial, el sistema financiero.

Estados Unidos tiene larga experiencia con su ley de quiebras o Capítulo 11, donde sí funcionan estos mecanismos. ¿Qué desafíos podría ver para aplicar una ley así en Ecuador?

Hoy hay una ley de concurso preventivo, pero hay concordatos que llevan mucho tiempo y no llegan a un feliz término. La ley que se propone establece plazos, da cierta celeridad.

En la actualidad, solo los acreedores pueden presentar propuesta concursal, con la nueva ley, los accionistas también pueden presentarla, siempre que se pongan de acuerdo.

El principal desafío es la apertura que debe tener el acreedor y no pensar que va a sacar la mejor tajada con un concordato. Ese es un pensamiento equivocado.

Hay que buscar la mejor forma para que la empresa pueda reactivarse, eso significa ceder entre las partes. Es una negociación.

En este momento, hay dos empresas que firmaron un concordato en 2022 y otra que en 2021 fue admitida en concurso preventivo, es decir, que está en proceso de concordato.

¿Cómo será la participación de la Superintendencia en estos procesos? 

Tenemos la mejor voluntad para acompañar y solucionar problemas, pero lamento que nos estarían dando una mayor carga de trabajo y no tenemos suficiente personal.

Nos estarían dando una mayor carga de trabajo y no tenemos suficiente personal.

La Superintendencia de Compañías tiene 650 personas y controla casi 160.000 empresas activas, el mercado de valores y el área de seguros. La solución no es quitarnos responsabilidad, es dotarnos de la gente necesaria para estos temas.

La Superintendencia tendrá a su cargo calificar los concordatos, hacer la revisión de los documentos, estar pendiente de los plazos. Somos casi veedores de los procesos, necesitamos el suficiente personal para poder ejercer los controles.