Un proceso ágil para reestructurar la situación financiera de miles de empresas y evitar quiebras plantea el nuevo decreto ley propuesto por Guillermo Lasso.
El Gobierno del Presidente Guillermo Lasso envió un nuevo decreto ley denominado Ley de Reestructuración Empresarial. Se trata de una ley de quiebras, que en Estados Unidos se conoce como Capítulo 11 (Chapter 11).
Lasso justificó el envío de ese decreto ley porque un 21% de las empresas en el país están en disolución. Y añade que la cifra podría aumentar por el impacto del Fenómeno de El Niño, que se prevé llegará en noviembre de 2023.
Para su aplicación, el Gobierno requiere el dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Hay que precisar que el dato que menciona el Gobierno en el decreto corresponde a cifras históricas. Por eso, 34.774 de las empresas ya fueron disueltas y liquidadas, lo que se confirma con la inscripción del proceso en el Registro Mercantil, según el Directorio de Compañías.
De acuerdo con esa misma información, están en proceso en disolución, es decir, en vías de liquidación, 5.557 empresas.
Existen 138.647 empresas activas en Ecuador, con corte a diciembre de 2022.
Salvar a las empresas
El nuevo decreto ley del presidente Guillermo Lasso busca la reestructuración financiera de las empresas que son solventes, pero que están pasando por problemas de liquidez. Y, de esa forma, salvarlas, explica Esteban Ortiz, exintendente de Compañías.
Para ello, el decreto ley regula los llamados procesos concursales o concordatos, que permite a los deudores llegar a acuerdos de pago con sus acreedores.
¿Cómo funciona? Ortiz define a este mecanismo como "un tanque de oxígeno", porque se suspenden los procesos judiciales que está enfrentando la compañía y obliga a los acreedores a sentarse con el deudor y hallar acuerdos de pago, dice Ortiz.
Además, bajo esa figura, las sociedades pueden dejar de pagar temporalmente sus préstamos a instituciones financieras.
Ortiz aclara que los pagos a los trabajadores no dejan de hacerse, sino que el concordato permite que sigan cumpliéndose a tiempo.
Y da la oportunidad a las compañías de negociar con los acreedores, renegociar sus deudas y, de esa manera, evitar su cierre definitivo.
"Lo que le interesa al Estado es que una empresa no cierre, sino que siga con su actividad económica y, así, evitar que se pierdan empleos", concluye Ortiz.
Uno de los problemas es que llegar a un concordato requiere ahora de la aprobación del 75% de los acreedores, lo que era muy difícil de conseguir. Y, solo para admitir a trámite, la Superintendencia de Compañías tardaba seis meses.
La reforma propone bajar ese porcentaje al 51% de acreedores y que se admita inmediatamente el trámite.
Los argumentos
El principal argumento del Gobierno para emitir una ley de quiebras es la proximidad del Fenómeno de El Niño, que podría producir daños en el sector productivo por USD 3.000 millones y de USD 4.000 millones para todo el país.
Si bien en Ecuador existe una Ley de Concurso Preventivo, que pretendía ser una ley de quiebras, data de 1997 y es “ineficiente”, añade Ortiz.
De hecho, la Superintendencia de Compañías solo han calificado 27 solicitudes concursales desde que esa ley fue aprobada en 1997 hasta 2021. Pero la gran mayoría de esos procesos terminó sin la suscripción de un acuerdo que viabilice el rescate de las compañías deudoras.
En países como Colombia se han presentado más de 2.500 solicitudes de concurso solo en el 2019, según la exposición de motivos del decreto ley.
Ecuador ya hizo un primer intento de contar un proceso más ágil para la reestructuración de compañías, a través de estos llamados procesos concursales de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Derivada del Covid-19. Pero fue un régimen temporal que terminó el 22 de junio de 2023.
Nota actualizada: Esta nota, originalmente publicada el 10 de julio de 2023, a las 05:25, fue actualizada para incluir la información del Directorio de Compañías sobre disolución de empresas.
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