Ocho claves para entender la propuesta de ley de quiebras

Todas las compañías que estén sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros pueden acogerse al procedimiento administrativo de reestructuración financiera, establecido en el proyecto de ley.

Esto incluye las sucursales de compañías extranjeras radicadas en el país.

La reestructuración abarca tres fases:

1. Inicial o de petición: para comenzar esta etapa, la empresa debe estar en estado de insolvencia y demostrarlo con sus balances financieros y otros documentos ante la Superintendencia de Compañías, que calificará el pedido de reestructuración, explica Esteban Ortiz, socio de Pérez Bustamante & Ponce.
2. Negociación del acuerdo: en esta etapa se activa la protección concursal por seis meses y empieza la negociación con los acreedores. El acuerdo de pago debe ser aprobado por el 51% de los acreedores.
3. Ejecución: cumplimiento del acuerdo de pago a los acreedores y reestructura operacional y financiera.

Para iniciar un proceso de reestructuración, la empresa debe presentar los siguientes requisitos ante la Superintendencia de Compañías:

1. Solicitud de reestructuración de la empresa, explicando las causas que llevaron a su insolvencia, y una propuesta de arreglo con sus acreedores.
2. Detalle de sus acreedores, incluyendo deudas laborales y con la seguridad social, tributarias, fiscales y financieras. Al igual que las obligaciones con proveedores, clientes y otros actores.
3. Detalle de los juicios y procesos de carácter patrimonial, sean judiciales, arbitrales o administrativos.
4. Los estados financieros del último ejercicio económico.
5. Copia del acta de la junta general o asamblea que apruebe la solicitud de reestructuración.
6. Un detalle completo y valorado de sus activos y pasivos.

La protección concursal se activa con la resolución de admisión del proceso de reestructuración e implica algunos aspectos como:

• No pueden iniciarse acciones administrativas, judiciales, arbitrales ni de coactiva en contra del deudor.
• Los acreedores no podrán obtener la posesión o la propiedad de los bienes de la compañía deudora.
• La ejecución de garantías reales por parte de los acreedores queda suspendida.
• Se suspenden los pagos por parte de la empresa deudora a los acreedores, acordados antes de la admisión del proceso de reestructuración.
• Se suspende todo proceso de cobro de créditos por parte de la banca pública y privada.

Si bien el plazo de la protección es de seis meses, hasta alcanzar un acuerdo, las partes pueden negociar plazos adicionales. 

Esteban Ortiz, exintendente de Compañías, explica que los trabajadores están protegidos dentro de este proceso.

"A los únicos que no se les suspenden los pagos es a los empleados. En vez de pagarle a los bancos y proveedores, la empresa destina esos recursos para pagar a empleados y algunos temas operativos", añade Ortz.

Y, debido al proceso concursal, la compañía tiene más liquidez, lo que le permitiría ir poniéndose al día si tiene deudas con los trabajadores.

Por mutuo acuerdo, las compañías deudoras podrán suscribir con sus acreedores acuerdos preconcursales, y evitar un proceso de reestructuración.

El objetivo es modificar la estructura de los activos y pasivos de la empresa deudora y establecer condiciones para el cumplimiento de obligaciones, con el fin de evitar la insolvencia de la compañía.

Estos acuerdos se celebrarán en centros de mediación del Consejo de la Judicatura.

Las micros, pequeñas o medianas empresas en estado de insolvencia inminente están obligadas a iniciar las negociaciones preconcursales.

El inicio de estas negociaciones no impedirá el cobro de garantías, por parte de los acreedores.

El proyecto de ley también permite la realización de un proceso abreviado o corto, en el que las partes acuerdan un proceso de reorganización más simplificado, explica Ortiz.

Según la norma, estos procesos de menor duración promoverán la resolución de conflictos  entre deudores y acreedores a través de la conciliación.

La empresa podrá presentar una propuesta anticipada de acuerdo de reorganización abreviado, que deberá incluir un plan de pagos y una justificación de su viabilidad como negocio en marcha.

En lugar de optar por los procesos formales de reestructuración, las micros, pequeñas y medianas empresas podrán recurrir a un sistema de subastas electrónicas para reestructurarse.

Es decir, hay una venta de las acciones al acreedor, quien asumirá las deudas de la compañía como nuevo propietario, explica Ortiz.