Funcionarios que ganen más de USD 1.000 aportarán con el 10% de su sueldo

El aporte de los servidores públicos para atender la crisis por la propagación del coronavirus llegará a USD 250 millones, según el ministro de Finanzas, Richard Martínez. El funcionario explicó que esta contribución durará un año y no por nueve meses como será para los trabajadores del sector privado.

A esto se sumarán alrededor de USD 50 millones por la reducción de salarios de los altos funcionarios del Estado, que fue anunciada por el presidente Lenín Moreno.

Martínez explicó que las medidas tomadas se deben a la realidad económica que vive el país, lo que implica un "rango de maniobra extremadamente limitado".

A eso se suma, dijo, que durante este año los ingresos petroleros caerán en USD 2.500 millones, mientras que los ingresos tributarios descenderán en USD 1.800.

Las consecuencias de esta reducción se reflejarán a finales de año, aunque Martínez adelantó que la economía puede decrecer en más del 4% del Producto Interno Bruto.

Diferimiento de impuestos

Martínez reiteró que el Gobierno emitirá un decreto en los próximos días para complementar los aportes de los trabajadores públicos y privados y de las empresas.

El documento estará orientado al:

• Diferimiento de impuestos por seis meses para pequeñas y medianas empresas.
• Diferimiento para el pago del aporte patronal de las microempresas por tres meses.
• La Corporación Financiera Nacional creará líneas de crédito a tasas inferiores al 2% con un aporte de USD 500 millones del sector empresarial.
• Reducir atrasos con proveedores por USD 1.000 millones durante este año.

Acuerdo entre las partes

El ministro de Finanzas señaló, en cadena nacional, que para evitar "la destrucción de las empresas y de plazas de trabajo será inevitable generar acuerdos cooperativos y equitativos entre las partes".

Martínez explicó que el Gobierno incluirá en el proyecto de ley humanitaria un régimen en el que el acuerdo entre las partes "será la norma" para que las empresas puedan cumplir sus obligaciones.

Esto significa que las empresas podrán acordar nuevos salarios, diferentes jornadas de trabajo, así como extensiones de plazos y períodos de gracia para deudas con el objetivo de evitar los despidos.

Las empresas que se acojan al régimen de acuerdo entre las partes, indicó Martínez, "no podrán pagar dividendos durante el período de recuperación y deberán comprometerse a preservar las fuentes de trabajo que se hayan acordado."

Agregó que el Estado ofrecerá apoyo crediticio y de liquidez a las empresas que hayan llegado a acuerdos y puntualizó en que cualquier manipulación de cifras generará fuertes sanciones.

Las empresas que no puedan sortear la crisis y que deban cerrar se acogerán a la liquidación, que tendrá una vigencia temporal que durará entre dos y tres años.

"Los trabajadores estarán en la prelación de pagos, es decir, serán los primeros en cobrar con base a los activos que entren a la liquidación", dijo Martínez.

Renegociación de la deuda

Para recuperar la economía del país, el Gobierno renegociará la deuda externa y buscará un ahorro de USD 800 millones con los tenedores de bonos.

Además, el régimen tiene previsto acceder a USD 3.000 millones entre mayo y junio con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y China.

Martínez también dijo que el Gobierno insistirá en la aprobación del Código de Finanzas Públicas, el Código Monetario y la Ley de Empresas Públicas.