"Nos preocupa que Río Blanco se convierta en La Merced de Buenos Aires"

¿Cuál es la situación actual del proyecto minero Río Blanco?

Las actividades están paralizadas desde mayo de 2018. Un grupo de ciudadanos se tomó el proyecto y producto de eso fue quemado el 50% del campamento. 

Destruyeron la vivienda de los obreros y del personal técnico, las oficinas de atención médica y las salas de capacitación. 

También fueron quemadas maquinarias de perforación, retroexcavadoras y volquetas. Las pérdidas ascienden a USD 1 millón.

Un informe señala que personas no autorizadas ingresaron a la mina a sacar pruebas. ¿Qué problemas puede traer esto?

Nos preocupa que esto se convierte en algo parecido a La Merced de Buenos Aires.

Ya estábamos en un proceso de explotación: se había excavado el túnel principal y estábamos llegando a la veta Alejandra, que es la más importante del proyecto.  También estaban construidas ya las galerías secundarias de la veta. 

Prácticamente, es un botín para cualquier persona que intente hacer minería ilegal en la zona. Además de que las vetas afloran en la superficie. Solo con raspar un poco el suelo se puede encontrar valor en Río Blanco.

¿Cuál es la salida?

Hemos sido responsables de que no haya minería ilegal en la zona, pero para evitar las incursiones de mineros ilegales es necesaria la reactivación del proyecto.

Dos sentencias judiciales contra la explotación de oro en Río Blanco que argumentan que no se realizó una consulta previa con las comunidades de la zona antes de iniciar las actividades mineras. ¿Cuál es su posición?

No tenemos ningún tipo de impedimento para desarrollar actividades mineras en esa zona. Hemos cumplido con las licencias ambientales que se requieren para la explotación.

¿Ustedes no son responsables de la consulta previa?

No, el gobierno tendrá que resolver el tema porque es a quien acusaron de supuestamente incumplir la consulta previa libre e informada con las comunidades. 

Pero la consulta no aplica porque no hay comunidades indígenas allí, entonces en la segunda sentencia reemplazan la consulta previa por la consulta popular. Dicen que estamos en un área protegida pero tampoco es cierto, estamos fuera del parque nacional Cajas.  

¿Qué le piden al gobierno como empresa?

Primero, que nos den seguridad en la zona y también para las comunidades que han venido respaldando el proyecto. 

Estas comunidades son continuamente amenazadas y atacadas por la gente que se ha tomado el acceso principal de la vía. Queremos que retorne la tranquilidad y la paz a Molleturo.

¿Hay quienes han cometido actos de sabotaje? ¿Qué deberían hacer las autoridades?

Esas personas deberían ser detenidas y eso enviaría un mensaje de seguridad jurídica para quienes hacemos inversión o quieren invertir, sería una señal de que aquí se garantizan las inversiones.

¿Los antimineros impiden el paso a los obreros de Ecuagoldiming por la vía San Pedro de Yumate-Río Blanco?

Desde hace un año se tomaron una de las vías de acceso principal al proyecto y a las comunidades de la zona. 

Ahí tienen un control, cobran a quienes quieren pasar y controlan que ninguna persona ligada al proyecto pueda circular por ahí. 

¿Cuántas personas están en contra de la actividad minera en la zona?

Los líderes no son más de cinco personas. Pero es gente armada, que robó explosivos del campamento de Río Blanco. Eso lo denunciamos en su momento a la Policía y el caso está en la Fiscalía. 

¿Quién está detrás de la paralización del proyecto?

El actual prefecto de Azuay. 

¿Han pensado en un arbitraje si el proyecto minero no es reactivado?

El gobierno nos ha señalado que existe un camino para poder reactivar el proyecto y estamos esperando. Si ellos no logran el objetivo, ahí tendríamos que tomar otro tipo de decisión.

¿Qué plazo tiene el Gobierno para reactivar el proyecto minero?

Según lo que dijeron, están presionando para la reactivación. Nosotros esperamos que la solución llegue a más tardar en octubre de 2019.

¿Después de ese plazo puede venir un arbitraje ?

El Directorio de la empresa en Hong Kong no lo ha decidido todavía. Confía en que el gobierno pueda reactivar el proyecto.

¿Están preocupados los inversionistas que están detrás del proyecto? 

Los inversionistas nuestros, al igual que la mayoría, esperan que el país demuestre que puede brindar seguridad jurídica. 

No puede ser que cumplamos con todo lo que exigen las leyes y que venga otro grupo, que se opone a la actividad minera, y le presente denuncias sobre cosas que no tienen sustento legal y suspendan el avance del proyecto. 

Si el gobierno muestra que puede resolver este problema, sería una clara señal para los extranjeros de que el país sí brinda las condiciones jurídicas para invertir.