El gobierno de Lenín Moreno ha convertido la minería en una prioridad nacional con el objetivo de impulsar la alicaída economía ecuatoriana. El régimen espera que la minería se convierta en la segunda fuente de ingresos del país, tras el petróleo.
La propuesta para una consulta popular antiminera en Azuay planteada por el prefecto Yaku Pérez logró 14 votos a favor, ocho en contra y uno en blanco en la Cámara Provincial de Azuay. Pérez necesitaba tres cuartas partes de los votos, por lo que anunció el inicio de una recolección de firmas.
Un grupo de anti mineros atacó este fin de semana a una patrulla de Policía en el camino de acceso al proyecto minero Río Blanco, de acuerdo con denuncias de la ministra del Interior, María Paula Romo.
Gobernador de la provincia de Azuay, Xavier Martínez, rechazó las acciones de violencia en las inmediaciones de la zona de Río Blanco, ocurridas el 20 de julio, por parte de grupos anti mineros y anunció investigaciones para dar con los responsables del ataque.
En entrevista con PRIMICIAS, Xavier Sánchez, el subgerente de Ecuagoldmining, la empresa que ostenta la concesión del proyecto minero Río Blanco, acusa al prefecto de Azuay de estar detrás de la paralización de actividades y alerta sobre la llegada de mineros ilegales y el robo de explosivos.
El gobierno aspira a que en 2021 la minería represente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y que las exportaciones en ese segmento alcancen los USD 3.660 millones entre 2019 y 2021, si los proyectos estratégicos y de pequeña minería se desarrollan sin mayores contratiempos.