El proyecto minero Río Blanco está suspendido desde 2018 por orden judicial. Cuatro años después, la actividad ilegal crece ante la ausencia de las autoridades de control y en medio de conflictos.
Dos ataques con armas de fuego en los primeros días de octubre de 2022 alertaron sobre el avance de la minería ilegal en Río Blanco, en la parroquia Molleturo (Cuenca). Allí funcionó hasta 2018 el proyecto de extracción de oro a mediana escala del mismo nombre.
El último incidente ocurrió la madrugada del sábado 8 de octubre de 2022, en la comunidad San Pedro de Yumate.
Un grupo de sujetos armados, que los habitantes de la zona identifican como mineros ilegales, abrieron fuego “de forma indiscriminada” en el poblado, relató Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo.
En medio de la balacera, una mujer de la comunidad recibió un disparo en la pierna. “Atacaron a las familias con el ánimo de generar caos y miedo para que nadie interrumpa sus actividades ilícitas”, sostiene Morales.
Los hechos ocurrieron ocho días después de que el mismo grupo armado atacara a bala maquinaria del Gobierno Parroquial, que estaba resguardada en la casa de una activista, en la comunidad Río Blanco. Los violentos también quemaron una casa comunal.
Los habitantes de la zona han identificado que algunos de los atacantes son oriundos de una comunidad de la misma parroquia de Molleturo.
"Algunos trabajaron en el proyecto antes de que las actividades se paralizaran en mayo de 2018", repiten.
Ese año, el juez Paúl Serrano dispuso la suspensión de las actividades mineras a cargo del consorcio chino Ecuagoldmining, por no haber cumplido con la consulta previa.
En agosto de 2016, el Gobierno Nacional inauguró el proyecto Río Blanco como el primero de mediana escala del país. La compañía china alcanzó a construir los túneles y tres bocaminas, que cuatro años después de la suspensión permanecen abiertas.
Sobre la situación legal, Ecuagoldmining notificó a Ecuador, en febrero de 2020, de la existencia de una disputa internacional por falta de garantías para operar el proyecto minero Río Blanco.
Los mineros ilegales
Vista de equipos incendiados del antiguo campamento minero, en diciembre de 2020, antes de la minería ilegal. Cortesía John Machado
Tras la salida de Ecuagoldmining, diferentes sectores han alertado de actividades ilícitas en la zona. En 2019, la misma empresa entregó un informe al Ministerio de Energía y al Ministerio del Interior, en el que daba cuenta de incursiones ilegales muy cerca del yacimiento principal.
Al conocer el informe, la Comisión Especial para Control de Minería Ilegal (CEMCI) empezó a trabajar en una estrategia para restringir el ingreso de mineros ilegales. Pero en tres años, la presencia del Estado ha sido mínima, asegura Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay.
"Una vez que la empresa abandonó el lugar, la Agencia de Control Minero y el Ministerio de Energía debían mantener el control de ese depósito" de oro, pero no fue así, dice.
Desde la salida de la empresa minera, los habitantes de las comunidades mantienen el control del territorio. El ingreso a la concesión solo es posible en compañía de los lugareños.
Los ambientalistas que viven en Molleturo han sido cuestionados por autoridades y por el sector minero, por supuestamente permitir el ingreso de grupos irregulares al oponerse a la extracción que estaba a cargo de Ecuagoldmining.
"¿Qué hacen ahora los ambientalistas para defender la naturaleza? Ahora sí, afectada por una explotación minera ilegal, antitécnica, contaminante y que no contribuye en nada al Estado", cuestiona el dirigente.
Huellas de ilegalidad
Elizabeth Durazno, dirigente comunitaria e integrante del grupo Defensoras de Río Blanco, asegura que rechazan tanto la minería legal como la ilegal.
"Las dos dejan las mismas consecuencias: división, enfrentamientos, peleas en las comunidades", sostiene Durazno.
Asegura que por lo menos en dos ocasiones han salido a enfrentar a los mineros ilegales: "En 2019, personas de las mismas comunidades empezaron a romper una roca. Logramos detenerlos y los entregamos a la Fiscalía", agrega.
En marzo de 2020, antes del inicio de la pandemia, un grupo de pobladores quemó una camioneta que pertenecía a mineros ilegales, luego los sometieron a limpias y los ortigaron.
En ese entonces la advertencia fue: “Todo el que sea encontrado en Molleturo, con minería legal o ilegal será quemado”. La presencia de los mineros ilegales disminuyó temporalmente.
Pero el 25 de agosto de 2022, en uno de los recorridos habituales de los comuneros, se descubrió "un avanzado proceso de excavación" en una roca que se encuentra en el antiguo campamento de la mina.
También encontraron huellas de camiones. Lo que hace presumir que hay traslado del material que se extrae de la roca y se lleva a localidades como Ponce Enríquez o Portovelo, donde la minería ilegal florece.
El personal de la Defensoría del Pueblo verificó las denuncias en una visita al sitio el 4 de octubre de 2022, tras el primer ataque.
"Nos trasladamos a la mina y pudimos ver indicios de la actividad ilegal: herramientas, sacos, material extraído y la excavación de nuevas zanjas para acceder a la veta de oro", detalla Ramiro Ordóñez, director provincial de la institución.
La Defensoría del Pueblo es la encargada de dar seguimiento a la sentencia del juez Serrano sobre la suspensión de actividades mineras en Río Blanco.
Ordóñez dice que la institución ya denunció en la Fiscalía los últimos ataques y ha contactado a los representantes de la Gobernación de Azuay y del Ministerio de Energía para solicitar una intervención en la zona.
Evitar un desastre
El presidente de la Cámara de Minería, Patricio Vargas, advierte que en este momento la explotación en Río Blanco es totalmente antitécnica y contaminante y "si no se toman medidas inmediatas puede ocurrir un desastre ecológico mayor".
Explica que el precio del oro está alto y que eso provoca que los mineros de diferentes lugares se aventuren a buscar nuevos yacimientos que aún no están explotados.
"La información sobre dónde está el cuerpo mineralizado es pública. No sería extraño que vinieran mineros ilegales de Zaruma, de Ponce Enríquez, incluso de la Sierra Norte, a explotar, porque ellos tienen la información geológica", añade Vargas.
Al representante de la Defensoría del Pueblo, Ramiro Ordóñez, le preocupa el incremento de la violencia en la zona.
"Está escalando, pasamos de una agresión a una maquinaria a un ataque a mujeres y niños. Hay amenazas, desafíos y se deben tomar medidas urgentes y definitivas", expresa.
Ordóñez también pide a la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales (ARCEN) que intervenga.
Sobre la situación ambiental, el representante de la Defensoría del Pueblo informó que el impacto todavía es controlable, porque la actividad ilegal es inicial. Pero está pendiente la remediación ambiental que se debe hacerse en el sitio.
PRIMICIAS solicitó información a la ARCEN sobre los controles efectuados en esta zona, pero no hubo respuesta.
El Ministerio del Ambiente informó que, debido a la conflictividad que existe en Río Blanco, desde 2020 no ha hecho visitas, por lo que tampoco hay un informe sobre la situación ambiental.
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