El consorcio chino Ecuagoldmining notificó a Ecuador la existencia de una “disputa internacional” por falta de garantías para operar el proyecto Río Blanco.
Esta notificación, según el viceministro de Minas, Enrique Gallegos-Anda, implica una negociación directa por seis meses antes de llegar a un arbitraje por unos USD 480 millones.
Esta es la primera notificación de disputa internacional en el sector minero que recibe Ecuador desde que comenzó a desarrollar minería a gran escala, lo que ha atraído el interés de inversores, pero también la preocupación por el poder de grupos locales para detener los proyectos.
“Lo que ellos nos están poniendo es una disputa internacional, es el procedimiento normal que se establece para estos temas, demanda no hay todavía”, agregó el viceministro.
“En estos días nos toca oficialmente recibir la invitación a conversar y nos sentaremos, vamos a dialogar y vamos a buscar una solución”.
Enrique Gallegos-Anda
El periodo de seis meses de negociación es el primer paso en un posible arbitraje internacional, según lo establecido en un tratado de protección de inversiones suscrito con China, explicó el funcionario.
“Ponen unos 480 millones de dólares, ese es el monto del impacto que tendría el hecho de no haber podido operar en los 11 años de concesión“, agregó. “Esta va a ser una disputa fácil de manejar, no va a terminar en una demanda”, dijo.
Ecuagoldmining, integrado por los grupos Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group, declinó hacer comentarios.
Ubicación del proyecto minero
El viceministro dijo además que esperan que la Corte Constitucional resuelva un pedido para que se revisen resoluciones legales previas de jueces locales que autorizaron la paralización del proyecto por pedido de comunidades.
“Lo lógico es esperar que los magistrados de la Corte denoten que los jueces interpretaron mal la norma y entonces al haber resuelto un fallo con una interpretación errónea, no procede. El rato que suceda eso automáticamente la empresa puede reiniciar la actividad”, dijo.
No hay una fecha para que la máxima corte se pronuncie.
Los antecedentes
El proyecto -con reservas estimadas de 605 millones onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata- está paralizado desde mayo de 2018.
Los trabajos fueron suspendidos por daños a su estructura. Aunque el cierre también tiene otros motivos:
- Dos sentencias judiciales: la primera, del 18 de junio de 2018 y, la segunda, del 2 de agosto de 2018. El gobierno fue acusado de no haber realizado la consulta previa a las comunidades de la zona antes de iniciar las actividades mineras en su concesión.
- De forma paralela, un grupo antiminero de la parroquia de Molleturo impide el acceso a los trabajadores de Ecuagoldmining.
En mayo de 2019, en entrevista con PRIMICIAS, el subgerente de la empresa, Xavier Sánchez, ya advertía la posibilidad de llevar al país a un arbitraje o a una mediación internacional si el gobierno de Lenín Moreno no tomaba decisiones para reactivarlo.
Entonces la empresa aseguró que ya ha invertido alrededor de USD 20 millones y planeaba invertir USD 69 millones adicionales.
Un mes después, el representante de la empresa insistía en su reclamo al Gobierno y aseguraba que, por el bloqueo que tiene el proyecto, existe un algo riesgo de que la minería ilegal se toma la zona. Un temor que también fue ratificado por el ministerio de Energía.
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