Gobierno reforma marco legal para Alianzas Público Privadas

Ecuador ha enmendado, mediante decreto Ejecutivo, el reglamento de la Ley de Alianzas Público Privadas.

Con los cambios a la normativa, el Gobierno busca cumplir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de tener un marco legal que cumpla con estándares internacionales.

El propósito final de las Alianzas es atraer inversión privada para desarrollar la obra pública, en medio de una crisis fiscal que no le deja espacio al Estado para invertir en proyectos de infraestructura.

Puede que el resultado no sea inmediato en términos de aumento de la inversión, debido a que los inversionistas privados están cautos frente a la incertidumbre política que generan las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2021.

Los cambios al reglamento se enfocan en la transparencia, la sostenibilidad fiscal y una mayor participación del sector privado y han abierto la puerta para que el BID se apreste a desembolsar un crédito de apoyo presupuestario de USD 150 millones.

Lo que cambió

Para garantizar la transparencia en los proyectos de Alianzas Público Privadas, la reforma fomenta la competitividad de los actores privados.

Habrá un Comité de Alianzas Público Privadas que publicará la información y la documentación de los proyectos y dará seguimiento a los mismos.

El Comité estará conformado por los ministros de Finanzas y de Producción, y por el titular del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

El Ministro de Finanzas estará a cargo de la presidencia del Comité.

En cuando a la sostenibilidad fiscal, en los cambios al reglamento se establece que desde un inicio exista un registro responsable, es decir, una evaluación de riesgos y una certificación de los compromisos fiscales que se asuman en las Alianzas Público Privadas.

Para esto se creará una Unidad de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales.

A eso se suma una regla: el valor total acumulado de las obligaciones que la administración pública puede asumir con el programa de proyectos de Alianzas Público Privadas no podrá ser superior al 5% del valor nominal del PIB.

Otra de las modificaciones es la diversificación de proyectos en los que podrá participar el sector privado, esto quiere decir que además de la construcción de las obras de infraestructura, las empresas también podrán asumir la operación y el mantenimiento de las mismas.

La monetización de activos ahora es una opción dentro de las Alianzas Público Privadas.

En el artículo 20 de la reforma al reglamento se fomenta la iniciativa privada, al plantear que los proyectos de las Alianzas Público Privadas también sean propuestos por las empresas y serán adjudicados por concurso.

Otro de los puntos de la reforma es que el Comité de Alianzas Público Privadas será el encargado de conceder de forma parcial o total los beneficios tributarios establecidos en la Ley.

Para Pablo Beltrán, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), uno de los beneficios tributarios debe ser "la exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD), que es un desincentivo para la inversión extranjera".

Un viejo plan

Que el sector privado invierta en obras públicas es un anhelo histórico. La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera fue publicada hace cinco años, durante el gobierno de Rafael Correa.

"La inyección de recursos en obras públicas desde el ámbito privado históricamente ha sido difícil por la falta de seguridad jurídica", explica Francisco González, coordinador jurídico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

En un momento como el actual, en el que el país tiene una necesidad de financiamiento de USD 13.500 millones este año, se espera que las empresas privadas sean quienes inviertan en obras de infraestructura para reactivar la economía.

Según el Global Infrastructure Outlook, hasta 2040 Ecuador necesita una inversión privada de USD 135.000 millones para sacar adelante proyectos de infraestructura a pequeña y gran escala en siete sectores, entre ellos vías, energía y telecomunicaciones.

Uno de esos proyectos sería la carretera Quito-Guayaquil, que según el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, costaría cerca de USD 2.500 millones y en la cual existen multilaterales interesados en invertir.

Aquí puede ver las reformas al reglamento en detalle: