Cuatro personas condenadas por defraudación tributaria al SRI en Napo y Azuay
El delito de defraudación tributaria se sanciona con hasta siete años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Fotografía de archivo del Complejo Judicial de Tena, el 6 de septiembre de 2017, que acoge al Tribunal de Garantías Penales de Napo.
Gobierno de Ecuador
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Además de las sanciones a quienes incumplan con entregar comprobantes de venta, el Servicio de Rentas Internas (SRI) adopta una postura más firme contra la defraudación tributaria. Por eso, presentó una denuncia ante un tribunal por este delito en la provincia amazónica de Napo.
Este 8 de julio de 2024, un Tribunal de Garantías Penales de Napo condenó a un contribuyente y su contador por el delito de defraudación tributaria.
¿En qué consiste este delito? Los acusados no entregaron deliberadamente los impuestos retenidos al SRI.
Esto constituye el delito de defraudación tributaria, como está tipificado en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que se sanciona con cinco a siete años de cárcel.
Los sentenciados apelaron la decisión, pero la Corte Provincial de Justicia de Napo rechazó su recurso.
Luego, los ciudadanos interpusieron un recurso de casación, el cual también fue declarado improcedente por falta de fundamento jurídico.
Como resultado, se confirmó la sentencia inicial que los declaró culpables y les impuso una pena de prisión y una multa.
Además, los jueces ordenaron que los sentenciados paguen al SRI la totalidad de los impuestos retenidos como medida de reparación integral.
Otro caso en Cuenca
En la tarde del 8 de agosto, el SRI también informó sobre la ratificación de sentencia a otras dos personas (contribuyente y contadora) por el mismo delito.
El Tribunal de Garantías Penales de Azuay halló culpable a los dos sujetos por haber realizado transacciones inexistentes con empresas fantasmas.
Según el SRI, esto habría causado un perjuicio al Estado por USD 228.556.
La multa para el contribuyente defraudador es de 100 salarios básicos unificados (USD 4.600) mientras que la contadora será privada de su libertad por siete años y tendrá que pagar una multa por 12 salarios básicos unificados (USD 5.520), además de la restricción de sus derechos mientras se cumple la condena.
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