La tecnificación carcelaria en Guayaquil se concretará a fin de año

La tecnificación del complejo carcelario del Litoral, integrado por cinco prisiones ubicadas en Guayaquil, deberá esperar hasta fin de año, cuando concluya la implementación de sistemas de comunicación que permitan aislar a los 15.000 presos que lo albergan.

El objetivo es concretar la prohibición de que los prisioneros cuenten con dispositivos electrónicos para comunicarse con el exterior, en especial en los casos de narcotráfico controlado por los cabecillas que ocupan los pabellones carcelarios.

El complejo está conformado por la Regional Guayas número cuatro, Penitenciaría del Litoral, La Roca -de máxima seguridad-, la cárcel de Mujeres y el Centro de Detención Provisional.

Según el coronel Giovanni Naranjo, coordinador zonal del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), la vulnerabilidad de la seguridad penitenciaria, por la que ingresan armas, narcóticos y equipos de comunicación, no se resolverá de inmediato.

"Esto se logrará cuando tengamos el control, es decir cuando contemos con toda la tecnología adecuada".

Coronel Giovanni Naranjo, coordinador zonal del SNAI.

Se refiere a la ausencia de inhibidores de señal telefónica, que permite a los internos mantenerse conectados y enviar mensajes hasta en plataformas digitales.

El caso más reciente es el de la banda de Los Tiguerones, cuyos miembros deslindaron responsabilidades en la masacre de una familia en Esmeraldas desde una celda.

Técnicamente, explica Naranjo, la tecnología de inhibidores es inadecuada, "porque el nivel de receptividad no es tan específico y termina perjudicando, no solo a los barrios aledaños, sino a los sistemas de comunicación de las Fuerzas Armadas y Policía".

El plan consiste en buscar tecnología de punta para identificar las denominadas listas blancas, que son líneas telefónicas autorizadas, y las negras, que podrán ser inhibidas cuando sean rastreadas por los organismos de control de telecomunicaciones.

"Podrán tener los teléfonos en las celdas, pero no los podrán usar".

Coronel Giovanni Naranjo, coordinador zonal del SNAI.

Naranjo, quien tiene cuatro meses en funciones, sostiene que el SNAI nunca tuvo un sistema de comunicaciones capaz de detectar y neutralizar señales prohibidas. Y si existió, apunta, se lo usó con un criterio erróneo.

Por eso el SNAI pretende integrarse a la red nacional troncalizada que agrupa a entidades de seguridad del Estado, lo que se definirá la próxima semana, cuando la comisión reguladora apruebe su ingreso.

Mientras se siguen trámites burocráticos, como la aprobación de proyectos para que el Ministerio de Finanzas entregue USD 9 millones prometidos por el presidente Guillermo Lasso para la seguridad en Guayaquil, las bandas llevan la ventaja al contar con millonarios recursos.

La Comisión de Diálogo Penitenciario, creada por orden presidencial, calcula que el crimen organizado destina al menos USD 1 millón al año para ingresar armas a las cárceles y comprar a guardias y policías que las custodian.

Por eso el SNAI separó a 18 funcionarios administrativos por diferentes causas, en especial por estar relacionados con bandas delincuenciales.

El problema es que el escáner que controla el ingreso de objetos prohibidos a la Penitenciaría aún no está completamente operativo por lo que el SNAI cuenta con un presupuesto de USD 11 millones para tecnificar las cárceles de Guayaquil hasta finalizar el año.

"Tenemos un sistema de videovigilancia, aunque necesitamos una serie de equipos para tener un nivel tecnológico confiable", asegura Naranjo.

Cambios en la infraestructura penitenciaria

También se harán cambios en la infraestructura física del complejo carcelario, "porque queremos cambiar un modelo que no nos explicamos cómo pudo existir durante tanto tiempo".

Se refiere a que la distribución de los prisioneros no se cumple en función de su situación legal, género o instrucción, sino según las bandas a las que pertenezcan.

Por eso, el SNAI confía en los resultados del censo penitenciario, que comenzó en la cárcel de Turi y que se realizará después en Guayaquil.

El problema es que los datos no están automatizados, no existen bases de datos y todo el proceso se realiza manualmente.

Por ejemplo en La Roca, donde están recluidas seis personas desde el 4 de abril, las autoridades del SNAI intentan determinar el origen de las armas halladas en celdas abandonadas desde 2013, cuando la cárcel se cerró tras la fuga de 18 choneros.

"Hemos ido a los registros para ver quién utilizaba esas celdas (en 2013) donde se encontraron armas oxidadas y es complicado en un sistema donde tenemos archivos manuales", dijo el coordinador del SNAI, quien no descartó que existan más.

Cuando la nueva administración del SNAI intervino las cárceles de Guayaquil, hace cuatro meses, el 30% de 6.300 presos tenían tuberculosis y fueron atendidos en coordinación con el Ministerio de Salud.

Por la pandemia de Covid-19 en 2020, los servicios sanitarios se suspendieron "y los presos dejaron de confiar en las administraciones", aseguró Naranjo.