Caso Villavicencio: Nuevo diferimiento devolvería el proceso a la jueza que negó la prisión para Serrano y Jordán

La audiencia de vinculación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio sufrió un nuevo cambió. Aunque la diligencia para procesar a la cúpula de Los Lobos estaba prevista para este 26 de diciembre de 2025, una decisión de último momento ha generado un escenario polémico.

La causa volverá a manos de la jueza María Daniela Ayala, quien fue sancionada precisamente por sus actuaciones previas en este mismo expediente.

La decisión la tomó el juez Giovanny Freire Coloma, quien reemplaza temporalmente a Ayala en el despacho. A través de una providencia notificada la tarde del 24 de diciembre, el magistrado dispuso diferir la audiencia hasta el 28 de enero de 2026, a las 15:00. 

Freire argumentó que, al no ser el titular y tener otra judicatura a su cargo, enfrenta una "sobrecarga funcional extraordinaria" que le impide preparar adecuadamente un caso de tal magnitud en tan poco tiempo.

En su escrito, el juez encargado enfatizó que el expediente corresponde a un delito de asesinato de "elevada complejidad fáctica y jurídica", con múltiples procesados y el anuncio de nueve nuevas vinculaciones. 

Según su criterio, forzar la realización de la audiencia bajo las condiciones actuales del despacho pondría en riesgo el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, por lo que optó por postergarla para garantizar una conducción adecuada.

Sin embargo, este diferimiento administrativo tiene un efecto procesal polémico. La jueza titular, María Daniela Ayala, se encuentra cumpliendo una suspensión ratificada por el Consejo de la Judicatura que la mantiene fuera de su cargo hasta el 8 de enero de 2026.

Al fijar la nueva fecha para finales de enero, el juez Freire viabiliza, en la práctica, que sea Ayala quien retome el control del expediente y presida la audiencia una vez cumplida su sanción.

El retorno de Ayala despierta las alertas en torno a la imparcialidad del caso. La magistrada fue suspendida tras dirigir la audiencia inicial el pasado 3 de septiembre, donde negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra el exministro José Serrano y Xavier Jordán. 

Su actuación derivó en una queja del exfiscal General, Wilson Toainga, tras protagonizar enfrentamientos verbales con la fiscal del caso, llegando a acusar al Ministerio Público de actuar políticamente.

Con el nuevo calendario establecido en la providencia, será Ayala quien decida la situación jurídica de los máximos líderes de Los Lobos. La Fiscalía intenta vincular formalmente a alias 'Pipo', 'Lobo Menor' y 'Gordo Luis', a quienes las investigaciones señalan como partícipes en la planificación del magnicidio.