Los huaorani quieren propiedad

Una reciente sentencia de la Corte de Justicia de Pastaza ratifica que las empresas petroleras no podrán operar en los territorios de los huaorani.

Muchos la celebran como el reconocimiento de los derechos ancestrales frente a la explotación de la naturaleza, o como la defensa de un modo de vida alternativo al occidental, o como el triunfo de los indígenas frente al capitalismo internacional.

Nada de todo eso. Es, simplemente, la acción racional, lógica y legal de los huaorani frente a un atropello constitucional. Es una legítima defensa de su propiedad.

La Constitución de Ecuador, de manera sorprendente, en su artículo primero (el hecho de que sea en el primer artículo solo exacerba lo chocante) declara que: “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.

Esto es, el Estado se arroga la propiedad del petróleo, de los minerales y todo recurso que pueda haber en el territorio, así sea propiedad de cualquier ciudadano ecuatoriano. Un atropello contra el derecho natural de propiedad, que desde los romanos era “hasta el infierno y el cielo” (usque ad coleum et ad inferos).

La situación en la que se sitúa a los huaorani es injusta: se les reconoce propietarios del territorio (y lo son por uso inmemorial), pero no se les permite el enajenar, o beneficiarse de la explotación de los recursos de ese terreno, como es el petróleo.

De tal manera que se les pide que carguen con los perjuicios de la explotación petrolera (afectación sobre su territorio), pero que los beneficios sean para el Estado Ecuatoriano y las compañías petroleras.

La solución es fácil, está en el derecho natural: si reconociese el derecho humano de propiedad en toda su extensión en Ecuador, entonces los huaorani podrían negociar con las petroleras la explotación de sus territorios. 

Es posible que valoren más el territorio que el dinero, y tienen perfecto derecho a hacerlo. O es más probable que si las petroleras pueden comprar por aún mayor precio (¿cientos de millones de dólares?) decidan vender parte de sus terrenos y usar esos dineros para el desarrollo de su comunidad.

Cualquier opción sería legítima, pero deben ser los huaorani, como ciudadanos responsables y plenamente capaces, quienes puedan decidir sobre su propiedad, y no el Estado arrogarse los frutos de la misma, como son sus recursos naturales.