Canal cero
Luchadores populares asesinados
Doctor en Historia de la Universidad de Oxford y en Educación de la PUCE. Rector fundador y ahora profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Presidente del Colegio de América sede Latinoamericana.
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Héroes y heroínas del Ecuador
Al medio día del 17 de febrero de 1999, Jaime Hurtado González, diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Pablo Tapia y Wellington Borja, fueron asesinados a bala en la esquina de la Corte Suprema de Justicia, a pocos metros del Palacio Legislativo. El asesino huyó en un vehículo sin ser detenido.
Hurtado era esmeraldeño radicado en Guayaquil, con una larga vida política y una acción parlamentaria destacada. Se oponía al gobierno de Jamil Mahuad (DP) y sus aliados socialcristianos. Sus medidas económicas habían golpeado fuertemente a la economía popular. En pocos meses, el “feriado bancario” que el presidente decretó para favorecer a los banqueros financistas de su campaña, afectaría a los sectores medios y pobres, y a toda la economía.
El gobierno de Mahuad, anunció que Washington Aguirre, Sergei Merino y Cristian Ponce eran los presuntos asesinos. Hurtado habría sido asesinado por paramilitares derechistas colombianos, para evitar que, vinculado a las FARC de Colombia, iniciara en Ecuador una guerra de guerrillas. Pero esa versión tuvo muy poca credibilidad. Se nombró una comisión especial que estableció varias implicaciones, entre otras de la policía, y mencionó a buen número de sospechosos.
La fiscal Elsa Moreno, acusó de asesinato a Washington Aguirre y Cristian Ponce, y de encubridor a Sergei Merino. Dejando de lado los indicios presentados por la comisión especial, se abstuvo de acusar a 23 sindicados más, entre ellos 15 miembros de la Policía, un fiscal y el exembajador de Ecuador en México, Medardo Cevallos, dueño del banco Bancomex, quien habría financiado la campaña de Mahuad y era sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero. Hurtado había pedido se lo investigara.
Freddy Contreras y Cristian Ponce fueron condenados a 16 años de prisión. Pero el proceso se dilató y el delito quedó impune. Decía el informe de la comisión especial: “no es cierta la aseveración del presidente de la República de ese entonces, Jamil Mahuad. El juicio ha sido objeto de dilatorias, y los acusados, miembros de la Policía Nacional, se han negado a contestar algunas preguntas que la comisión, la parte acusadora y el abogado de las víctimas han realizado.”
Por esos mismos días, luego de estar desaparecido, Saúl Cañar, dirigente socialista de la CEDOCUT, apareció muerto y bárbaramente mutilado en Latacunga. Su cuerpo tenía evidencias de haber sido torturado. En los meses anteriores había estado organizando a los campesinos de Los Ríos que se enfrentaban a una poderosa familia de caciques. Por ello fue acusado, sin ninguna prueba, de intentar formar una guerrilla. El crimen fue escasamente investigado y nunca se logró establecer ni sus causas ni sus autores.
Estos son solo dos ejemplos de militantes comprometidos con la lucha social y la acción política, que fueron amenazados, secuestrados, torturados y asesinados, sin que las fuerzas del orden aclararan su implicación o descubrieran a los autores, en especial los ocultos.