Economía y Desarrollo
Los homicidios intencionales se han incrementado notoriamente
Doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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De acuerdo con los registros del Ministerio del Gobierno, entre enero y marzo de 2022 se registraron 959 homicidios intencionales en el país.
Esta cifra fue de 520 y 253, en el mismo periodo de 2020 y 2019, respectivamente, evidenciando una marcada tendencia de crecimiento.
Esto significa que el riesgo de que una persona sea asesinada se ha incrementado notoriamente en Ecuador.
La meta 9.1.1. del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 establece "disminuir la tasa de homicidios intencionales de 106 a 100 por cada 1.000.000 de habitantes".
Sin embargo, este indicador fue de 142, en 2021 (2.494 homicidios intencionales para 17,5 millones de personas); y en 2022, manteniendo la tendencia actual, llegaría a 219.
Es así como se evidencia una crisis de inseguridad y una tendencia de incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
La realidad es notoria, y vas más allá de las cifras. Cada día se conocen nuevos casos de muertes violentas en cualquier lugar y en cualquier momento.
El país se encuentra ante un Estado fallido, que es incapaz de garantizar la vida de las personas.
La Función Ejecutiva prioriza la reducción del déficit fiscal, implementando políticas de austeridad, que terminan reduciendo la capacidad del Estado de proveer servicios públicos y de invertir para dinamizar la economía y generar oportunidades.
La Asamblea Nacional, sumergida en una crisis de credibilidad y en permanentes disputas de vanidades personales, ha sido incapaz de llevar adelante una agenda legislativa en beneficio del país.
La Función Judicial, en pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, y con permanente injerencia política, pierde credibilidad cada día.
Así, con instituciones desconectadas de la realidad, nos están matando.
La respuesta debe ser integral. Garantizar la vida, enfrentar la inseguridad, pasa por estrategias de reactivación económica que aseguren empleo de calidad, buenos servicios públicos, oportunidades de estudiar y trabajar para los jóvenes, y erradicar la pobreza.
Es decir, que el gobierno cambie completamente.