Economía y Desarrollo
Trabajo infantil
Doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece en su artículo 32 que “los Estados reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 plantea como una de las metas del objetivo 1 la de “erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo la cifra del 4,9% [en 2016] a 2,7% a 2021”.
En Ecuador, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el trabajo infantil se redujo del 8,0% en diciembre de 2007 al 2,6% en diciembre de 2013.
Pero este indicador aumentó al 4,9% en diciembre de 2016, y a 5,4% en diciembre de 2018, evidenciando un claro deterioro en los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) y el incumplimiento de una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
La garantía de los derechos de los NNA tiene una doble connotación. Por un lado, buscan el bienestar de un grupo de atención prioritaria, por la vulnerabilidad propia de su edad; y por otro, significa la generación de capacidades para su vida futura. Se sabe que la mejor inversión social es en la primera infancia y en la educación.
El Estado, y la sociedad toda, están obligados a garantizar los derechos de los NNA, entre ellos la erradicación del trabajo infantil mediante un conjunto de acciones regulatorias, de control y de política pública.
No se puede excluir de entre los determinantes del trabajo infantil la situación económica del país y su efecto en el bienestar de los hogares.
A partir de 2014 se evidencia un deterioro de la economía (gráfico 1) y una caída de la inversión social (gráfico 2). Dos elementos que se relacionan con el aumento del trabajo infantil.
El deterioro de la economía genera pérdida de empleo y de ingresos de los hogares por lo que estos asumen estrategias que priorizan el corto plazo (más trabajo, incluyendo de NNA) frente a inversiones de largo plazo (más educación).
Por su parte, la caída de la inversión social afecta tanto al acceso como a la calidad de los servicios sociales, deteriorando la calidad de vida de los hogares en especial de los más vulnerables.
El Estado tiene por objetivo garantizar los derechos de todas las personas, en especial de los grupos de atención prioritaria como los NNA. La política económica no debe perder su objetivo de garantizar bienestar de la población.
Para erradicar el trabajo infantil se deben sostener condiciones para generar empleo digno, y aumentar el ingreso de los hogares. De lo contrario la crisis no será sólo de crecimiento económico sino de bienestar y de retroceso en la garantía de derechos, privando de un desarrollo adecuado a las futuras generaciones.