Palacios: "La Concentración fue intervenida por hambre de poder"

La deficiente administración en la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) durante los últimos años ha provocado la intervención del Ministerio del Deporte, por primera vez en su historia.

Tras la salida de Jaime Ruiz como presidente, los directivos debían posesionar a un nuevo directorio el pasado 8 de agosto.

Pero las "ganas de aferrarse al poder" y la "pugna entre dirigentes" causaron una acefalía, es decir, la ausencia de un jefe.

En una entrevista con PRIMICIAS, Sebastián Palacios dice que el objetivo de la intervención es transparentar administrativa y jurídicamente a la Concentración y al mismo tiempo recuperar su prestigio.

Para eso, el Ministro designó a Alejandro Sáenz como encargado de la intervención, que cuenta con un equipo jurídico, financiero y técnico que lo acompañará durante los próximos 90 días.

¿En qué consiste una intervención a una organización deportiva?

Es una acción que está enmarcada en la Ley del Deporte. Obedece a algunas causales que obligan a que exista una intervención para resolver un problema, en este caso dentro de la CDP, que no permita su desarrollo deportivo o que conflictúe el crecimiento y beneficio hacia sus deportistas.

En el caso de la Concentración, el conflicto constante, las riñas y problemas entre dirigentes ocasionaron que una vez vencido el directorio anterior, el pasado 8 de agosto, no se pueda posesionar el nuevo directorio que fue electo en una sesión y cumplió con las normativas, pero que por el hambre de poder y las ganas de aferrarse al poder, no permitió que se posesione el directorio.

Ahí lo que sucede es que la Concentración Deportiva de Pichincha entra en una acefalía. Esta es la causal de la intervención. Falta de representación legal en la institución. Queda en un vacío legal y por eso nos obliga como Ministerio intervenir. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para resolver otros problemas.

¿Esa fue la única razón o existen otras?

Se suma a esa causal una situación preocupante desde hace algún tiempo en la CDP: falta de gestión, falta de ejecución presupuestaria, es decir, del uso de dinero que le entrega el Ministerio del Deporte, falta de atención a los deportistas y sobre todo falta de transparencia.

Muchos nos preguntamos: ¿cómo se controla el dinero que ingresa por autogestión? Esos cerca de USD 3,5 millones que la Concentración recibe por el alquiler de sus diferentes escenarios deportivos. ¿Qué control hay? ¿Cuánto dinero se recibe y en qué se está utilizando?

Se decía en algún momento que se están abriendo cuentas privadas en donde se deposita ese dinero. ¿Cuáles son esas cuentas y cuál es el balance? Se ha dicho que no hay un sistema documental actualizado, lo cual hace dudar mucho sobre convenios, acuerdos y contratos que se han firmado.

Muchos nos preguntamos qué pasó con ese proceso de remodelación del estadio Olímpico Atahualpa, por qué no avanzó y qué había por detrás.

Todas esas preguntas serán resueltas a través de esta intervención que, más allá de resolver como tal la causal, nos genera una oportunidad al deporte de la Provincia de sanear la CDP y de saber su estado actual y a la par el garantizar a los deportistas que continúen con su actividad deportiva.

Por ejemplo, que participen en los Juegos Nacionales que empiezan la próxima semana en Chimborazo. Si no interveníamos, más de 500 deportistas de Pichincha se quedaba afuera.

¿Recibieron alguna advertencia de todos estos problemas en la CDP?

Creo que son públicas las dudas al respecto. En distintos medios de comunicación se ha hablado de la poca transparencia que ha habido en distintos procesos y, sumado a eso, de una actitud desesperada del expresidente de quedarse en el cargo y ganarse los votos con ofrecimientos. Eso nos hace dudar aún más sobre la ética y la honestidad con la que se lideró la Concentración en los últimos años.

¿Cuáles son los siguientes pasos en la intervención?

Tenemos a un interventor ya en la CDP. Y no está solo. He dispuesto a todo un equipo de trabajo, financiero, jurídico y técnico que lo acompañe. Serán 90 días, según lo que establece la Ley, así que en ese tiempo, a la par de trabajar en nuestras responsabilidades, le pondremos énfasis para que la intervención salga bien.

Visité la CDP para conversar con sus funcionarios y todos me dijeron que esperan que la Concentración regrese a su rumbo, un rumbo de excelencia, resultados y transparencia. Y además, que se convierta en lo que dice su lema: "Ejemplo deportivo de la Patria". Lamentablemente, eso ha perdido sentido con el tiempo. Me dio mucha pena ver las instalaciones, oficinas, residencia y el lugar en donde comen los deportistas no ha tenido ninguna mejora.

Y tampoco escenarios como el coliseo, estadio y piscinas...

Exactamente. Y al dinero que recibían por autogestión hay que sumar el presupuesto público que se le entrega a la CDP, que le sirve para pagar al personal y para mantener escenarios y gestión deportiva del día a día, traslados, implementos, bonos deportivos, etc.

Entonces, a esos cerca de USD 3,8 millones que le entrega el Gobierno cada año, hay que sumarle el dinero por autogestión y que lamentablemente no está bajo la auditoría de la Contraloría General del Estado porque son fondos privados y la Concentración Deportiva de Pichincha es una institución privada y autónoma.

Hay una duda de a dónde va todo ese dinero. Estimamos que duplica los ingresos que reciben por alquiler y entradas. Eso no me lo pregunto yo, se lo preguntan los propios deportistas.

Justamente uno de los objetivos es que cuando terminemos la intervención, vamos a hacer un evento para demostrar, con absoluta transparencia, cuáles son las cuentas y qué vacíos encontramos en la CDP. Y si es que hubiesen cosas que caigan en la ilegalidad, se van a hacer las denuncias del caso.

Esto nos permite abrir completamente las puertas de la Concentración, que han estado cerradas por años. Abrir finanzas, contratos, planes y programas y con esto entregar un diagnóstico para que cuando entre el nuevo directorio no empiece desde cero. El reto es recuperar el prestigio de la Concentración.

¿Parte de la intervención es investigar a Jaime Ruiz?

La intervención no tiene esa potestad. De hecho, como entidad del Ejecutivo no tenemos obligación de investigación. Pero a partir de este análisis haremos las alertas necesarias a los órganos de control correspondientes.

¿Qué pasa con los empleados de la Concentración durante la intervención?

Parte de las razones por las que intervenimos es justamente para que el día a día continúe. El personal que trabaja sigue recibiendo su sueldo, los distintos servicios que presta la institución se mantienen y la idea es que se garantice la participación de los deportistas en todos los eventos.

¿Quién toma las decisiones ahora en la CDP?

El interventor. Él asume la responsabilidad legal y es hoy por hoy el jefe de la institución. Y, por lo tanto, es quien toma las decisiones. Asume el rol de presidente y de responsabilidad legal. Se llama Alejandro Sáenz. Es nuestro subsecretario de actividad física en el Ministerio y esa subsecretaría es la encargada de coordinar con las 24 federaciones provinciales, con lo cual su conocimiento sobre el trabajo del deporte formativo es completo y conoce el funcionamiento de la CDP. Era el perfil ideal.

¿Hay otras Federaciones intervenidas?

Sí. Tenemos intervenida en el ámbito provincial la Federación de Chimborazo. Por la misma razón que la Concentración Deportiva de Pichincha. La mayoría de intervenciones se dan por acefalía.

¿Entonces no ha habido gestión en ninguna de las dos?

Totalmente. Si uno pregunta a expresidentes o a deportistas, se ha visto una caída en el prestigio en la CDP por la falta de gestión. Esta federación debería brillar. Debería construir escenarios nuevos, debería hacer laboratorio de los mejores talentos, pero no ha cumplido ese rol y todo eso ha llevado a lo que hoy hablamos.

¿Después de los 90 días de intervención, qué pasa?

La intervención debe terminar cuando se hayan resuelto las diferentes instancias de apelaciones, para que termine la intervención posesionando al nuevo directorio. Así debe terminar. Podría durar más de 90 días. La ley da una prórroga en caso de ser necesario. Pero esperamos que no. Mi concepto de intervención es entrar, resolver el problema y salir. Aquí no hay otros intereses.